La Universidad de Córdoba anunció ayer en un comunicado enviado a la comunidad universitaria que la mayoría de sus cafeterías abrirán a lo largo del presente mes de septiembre, «con excepción de la Lucano y la del Paraninfo, que deberán salir de nuevo a concurso, al haber quedado desiertos sus respectivos expedientes» y que, «desde el principio», ha estado «del lado de los trabajadores» a los que todavía adeuda el pago de varias nóminas la que fuera empresa concesionaria de diversas cafeterías el pasado curso.

La UCO reacciona así después de que el sindicato UGT criticase ayer que la Universidad de Córdoba comenzará el curso sin resolver el problema de las cafeterías, que no están abiertas, y cuando hay 30 trabajadores afectados por el citado impago de nóminas, motivos éstos por los que sindicatos y también el Frente de Estudiantes han realizado hoy jueves una concentración a las 10.00 horas ante el Rectorado.

Ante ello, la UCO recordó que las cafeterías que operan en la Universidad de Córdoba «son gestionadas por empresas concesionarias tras concurso público» y, «como en cualquier concesión por concurso, la constatación de graves incumplimientos en sus obligaciones, y muy especialmente con sus propios trabajadores, son motivo de resolución de dichas concesiones, tal y como determina la legislación vigente».

De hecho, desde el Rectorado se afirma haber «estado, desde el principio del problema, al lado de los trabajadores de dichas empresas, velando por que en los nuevos concursos licitados dichos trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo». El resultado es que «los concursos se resolvieron» y la «previsión» de la UCO es que «a lo largo de septiembre puedan estar funcionando de nuevo todas las cafeterías, con excepción de la Lucano y la del Paraninfo». En el comunicado deja claro también que «durante todo el mes de agosto se ha estado trabajando en este aspecto, y las soluciones se están adoptando con la mayor celeridad que las garantías legales de un concurso público permiten».

De otro lado, recuerda que no es responsable «de los incumplimientos de la empresa adjudicataria» y lamenta «los inconvenientes que esta situación está causando». De hecho, explica que ya puso «en manos de la Justicia los hechos ocurridos durante la tramitación del expediente de rescisión de la concesión», y su asesoría «está elaborando una reclamación de los daños y perjuicios que está sufriendo».