La empresa Ares Capital SA, la sociedad que tiene la licencia para explotar la aplicación de Uber, ha llevado a los juzgados al Ayuntamiento de Córdoba por prohibir a las VTC circular por las zonas de tráfico restringido de la capital, conocidas como zonas Acire, es decir, las limitadas por pilonas u otros sistemas de control del tráfico. La demanda de esta empresa, que comenzó a operar en Córdoba el pasado 3 de octubre con 50 conductores, ha dado lugar a la apertura de un procedimiento en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba.

La demanda fue interpuesta por la empresa de Uber el pasado mes de octubre contra la Delegación de Movilidad, dirigida por el concejal socialista Andrés Pino, y ahora el Ayuntamiento se personará en el procedimiento en defensa de los intereses municipales.

Desde que comenzó a operar Uber en Córdoba, los responsables del equipo de gobierno han reiterado en varias ocasiones el compromiso adquirido por el Consistorio con el sector del taxi frente a las VTC, en especial en el blindaje del carril-bus, las paradas de taxi y las zonas de circulación restringida (Acire) como de uso exclusivo para los taxistas y vetado a las VTC. PSOE e IU han mantenido en estos meses su intención de no cambiar la ordenanza que impide el tránsito de los vehículos de alquiler con conductor a esas zonas de tráfico reducido. El de Córdoba no es el único ayuntamiento andaluz que ha adoptado una decisión de este tipo. A finales de octubre, el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha un dispositivo para controlar el acceso de los VTC —en la capital hispalense operan las empresas Cabify y Uber— a determinados puntos de la ciudad como el casco histórico, la estación de Santa Justa y el aeropuerto, restringiendo de facto el acceso a todos esos lugares. La estrategia de Sevilla ha sido complicar los accesos, amenazar con multas y más vigilancia, aunque allí cualquier vehículo podrá llegar a cualquier punto aunque sea dando muchas más vueltas porque no hay pilonas. El Ayuntamiento de Granada también adoptó la decisión de restringir la circulación de los Uber por el centro, ya que considera que «no es un servicio público, sino una empresa privada» la que está operando.

Frente a estas posturas se pronunció la Comisión Nacional de la Competencia, que exigió a varios ayuntamientos, incluido el de Córdoba, modificar la norma que limita el tránsito de VTC.