Quizá la frase más destacada del juicio al empresario Rafael Gómez y sus cuatro hijos sea la pronunciada por este en la primera sesión de la vista, cuando afirmó que «no sé ni lo que es el IRPF». En un procedimiento judicial en el que el ministerio público y la Abogacía del Estado le acusan de haber defraudado algo más de 58 millones de euros a la Hacienda Pública a través de la comisión de diversos delitos, los primeros días han concluido con un mensaje claro por parte de acusados y testigos de la defensa, y es que la familia no ordenó que se pagaran menos impuestos en sus empresas. A partir de mañana, sin embargo, tendrán que comparecer ocho peritos de las dos partes. Fuentes consultadas han avanzado que responderán, en una prueba conjunta (a modo de careo), sobre los hechos denunciados con el objetivo de determinar si, efectivamente, los acusados los cometieron y ofrecer una visión global sobre sus actuaciones.

132 años de cárcel

Rafael Gómez es empresario y exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba, y fue candidato a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales del año 2011. En este procedimiento, se enfrenta a una petición de 44 años de cárcel por la presunta comisión de once delitos fiscales. Por otra parte, cada uno de sus cuatro hijos podría recibir penas de hasta 22 años de prisión al haber sido imputados por ocho delitos.

El fiscal y la Abogacía del Estado señalan que las irregularidades habrían tenido lugar entre los años 2003 y 2006, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Estas se habrían producido en diversas empresas y grupos, como Arenal 2000 y Arenal 2001, donde presuntamente se dejaron de pagar los impuestos de Sociedades, Patrimonio y sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La esposa de Rafael Gómez, Dolores Serrano, no ha sido imputada, aunque sí podría ser declarada responsable civil si el titular del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, el magistrado Miguel Ángel Pareja, entiende que se lucró de estas actividades. Este procedimiento judicial fue impulsado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y la instrucción ha durado siete años. Precisamente, uno de los testigos citados a declarar esta semana, un inspector de Hacienda, recordó que se han realizado «muchísimas» actas sobre las empresas Arenal 2000, una de las más conocidas, y Arenal 2001.

Primeras jornadas

Los cinco acusados prestaron declaración ante el juez el lunes pasado. Rafael Gómez señaló que solo se ha ocupado de trabajar y, pese su extensa trayectoria en los sectores de la joyería y la construcción, «no sé ni lo que es el IRPF». De este modo, explicó que la responsabilidad de los asuntos fiscales correspondía a los asesores. En sus comparecencias, sus hijos confirmaron esta idea y manifestaron que ellos hacían lo que les indicaban los profesionales. Los asesores y auditores, que fueron citados para el miércoles pasado, coincidieron en destacar que la familia no ordenó pagar menos impuestos en sus empresas.

Sin entrar en los hechos

El tercer día de la vista, la sesión fue breve y pasó, prácticamente, de puntillas sobre este caso, ya que no se abordaron los hechos denunciados. Dos de los testigos coincidieron en apuntar una presunta falta de control en el gasto, al ser preguntados por la defensa por casos concretos. Un tercer testigo, un inspector de Hacienda, trató sobre la calificación de la sanción impuesta a Arenal 2001 y Arenal 2000 como infracción leve por el impuesto de Sociedades del año 2003, aclarando que «recuerdo que estas actas se suspendieron o se iban a suspender por prejudicialidad penal».

Última semana

A partir de mañana, se contarán los hechos. Durante tres días, los peritos tendrán que esclarecer la comisión o no de los delitos imputados a los cinco acusados que se sientan en el banquillo. Serán ocho los especialistas que participen, cinco de la Agencia Tributaria (uno de ellos designado judicialmente), y otros tres que han sido llamados por la defensa. Con ellos se hará una prueba conjunta en la que tendrán que analizar, caso a caso, las supuestas irregularidades. De este modo, en este tipo de delitos es habitual realizar un careo, ya que las posturas pueden ser contradictorias. Las conclusiones finales del juicio tendrán lugar el próximo jueves, 26 de enero.