Fran Moyano ya sabía lo que significa ser padre cuando supo que su novia estaba embarazada y tuvo claro que quería ver crecer a su retoño. Sus intenciones no cambiaron cuando la relación se torció, pese a que la otra parte decidió tener al bebé en solitario. «Cuando vi lo que pasaba, pedí un abogado de oficio para solicitar ante un juez que se reconociera la paternidad y se me asignara un régimen de visitas y una manutención al nacer la niña». El caso fue admitido a trámite en el juzgado de Posadas y, sin establecer medidas cautelares, el juicio se fijó para un año después. Fran solicitó practicar la prueba de ADN para demostrar la vinculación con la niña y agilizar el proceso, pero la jueza desestimó tal medida. En noviembre del 2014, tras presentar múltiples pruebas y testigos, la sentencia reconoció la paternidad de Fran, sin establecer aún medidas para que este conociera a su hija. La madre de la niña recurrió entonces la sentencia alegando que él no estaba legitimado para pedir la paternidad, argumento que fue declarado inconstitucional. En ese juicio ante la Audiencia Provincial, el proceso fue anulado por considerar esta, con respaldo del fiscal, que «la niña debía tener un defensor judicial». Y vuelta a empezar.

El caso de este padre volvió entonces a Posadas para reiniciarse desde el principio. Habían pasado dos años, pero tampoco entonces se estableció una vía para que padre e hija se conocieran.

Una vez asignado defensor judicial para la pequeña, el juez aceptó hacer la prueba de ADN, pero no se llegó a practicar porque la madre reconoció que él era el padre. Pese a todo, siguió sin ver a su hija. Llegados a este punto, la cuestión derivó en el orden de los apellidos tras recurrir la madre para que el suyo fuera el primero, alargándose de nuevo el proceso. El caso llegó a la Audiencia Provincial en junio del 2016, donde se desestimó cambiar el orden de los apellidos y se declaró la firmeza de la sentencia. Finalmente, en enero del 2017, se firmó el acuerdo, aún con medidas provisionales, y Fran y su hijo mayor, de 11 años, pudieron conocer a la niña. «Mi David se enteró que tenía una hermana el mismo día que la conoció y desde entonces es su mayor protector», señala su padre.

«En este tiempo, he pedido ayuda para agilizar el proceso al Defensor del Menor, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo de España y... nada». El fiscal jefe de Córdoba me respondió que «conocer a mi hija o estipular su pensión no era algo urgente, en mi opinión, sin contemplar el bien del menor», explica indignado. Se queja de la «lentitud del sistema» y de cómo la ley asume de antemano que «la mujer es la víctima en los procesos de familia, sin atender las peculiaridades de cada caso y cada persona».

Fran Moyano reconoce el cambio de tono de su expareja, pero admite que no está siendo fácil. Se han perdido tres años y, pese a las visitas, su hija aún lo ve como un extraño. «Esos son los daños colaterales que no se tienen en cuenta y que hacen que la justicia no sea justa».