Los plenos de Córdoba suelen vagar entre la evanescencia de las declaraciones institucionales, el pragmatismo de la gestión diaria y los grandes debates nacionales. Se habla de todo y de nada, de lo más elevado a lo más prosaico. Ayer, por ejemplo, se aprobaron los últimos impuestos y tasas municipales del mandato, uno de los expedientes de gestión más importantes de la actividad municipal a la que se enfrenta el gobierno local cada año. Lo que se aprobó ayer es lo que los cordobeses pagaremos en 2019 por el IBI, por tener un coche o por beber agua. Como comprenderán un asunto de vital importancia para nuestros bolsillos y para el sostenimiento de las arcas municipales y del funcionamiento de la propia institución.

PSOE e IU los aprobaron con el voto en contra de la oposición y el apoyo de Ganemos, que ha resuelto votar afirmativamente, pese a ser muy similares a los que rechazaron el año pasado, porque, a su juicio, ha habido un cambio en el clima de negociación.

Con las ordenanzas fiscales, la sesión de ayer volvió a dejar una estampa de dos bancadas enfrentadas, que será la que previsiblemente veremos ya de aquí a lo que resta de mandato. Las bancadas de la derecha y de la izquierda, que no son bloques homogéneos, también empiezan a dejar entrever fisuras internas. Para muestra, el botón del texto de condena de la violencia en Nicaragua, promovido por Ganemos como declaración institucional que finalmente llegó al pleno en forma de moción y que enfrentó sobre todo a la agrupación de electores con IU (en particular a Rafael Blázquez y a Juan Hidalgo), la única que votó en contra.

La moción promovida por el PSOE para modificar un artículo de la ley de estabilidad presupuestaria, que permita levantar el veto que puede poner el Senado a los objetivos de déficit público, trasladó el debate al ámbito nacional y permitió que unos criticaran a destajo a Sánchez y otros lo defendieran. Los ediles pudieron escuchar también la queja del alcalde de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga, pidiendo al Ayuntamiento que transfiera una serie de bienes de dominio público a la ELA. El regidor anunció que irá al juzgado si no se transfieren y explicó que el hecho le afecta en su día a día: no puede cambiarle las bombillas a esas calles porque no son propiedad de Encinarejo. Casi ná.