La tercera sesión del juicio a Rafael Gómez, empresario y fundador del partido Unión Cordobesa, y sus cuatro hijos ha finalizado esta mañana en la Audiencia provincial sin que se haya abordado la presunta comisión de diversos delitos contra la Hacienda pública en diferentes sociedades, que son los hechos por los que han sido denunciados.
La jornada ha comenzado con la renuncia a las comparecencias de dos testigos y el aplazamiento de la declaración de otros dos hasta el próximo lunes, cuando se reanudará el juicio. En cuanto a los testigos que sí han testificado, una de las personas citadas ha sido Ignacio Méndez, al que la defensa ha preguntado por la calificación como leve de dos actas de sanción impuestas a dos empresas en el año 2003 por el impuesto de Sociedades, ya que que se encontraba destinado en Sevilla como inspector regional de Hacienda.
Méndez ha afirmado que "recuerdo que estas actas se suspendieron o se iban a suspender por prejudicialidad penal", en referencia a la causa que se está siguiendo en la actualidad en la Audiencia. También ha aludido a las numerosas actas realizadas sobre Arenal 2000 y Arenal 2001.
Los asesores afirman que ni Gómez ni sus hijos ordenaron pagar menos impuestos
Por otra parte, un empresario ha admitido que no incluyó como parte del precio de pago en una escritura de compraventa 300.000 euros otorgados por Rafael Gómez como señal para la adquisición de unos terrenos en Málaga y nunca llegó a regularizar esta situación.
Otro testigo, un abogado, ha sido consultado por los desarrollos urbanísticos del grupo Arenal y la ornamentación que se realizaba en ellos, y ha explicado sobre uno de ellos que "la partida no estaba incluida".
Rafael Gómez y sus hijos están acusados de defraudar presuntamente 60 millones de euros. El fiscal ha solicitado para el exconcejal de UCOR una pena de 44 años de cárcel por 11 delitos contra la Hacienda pública y también 22 años de prisión para cada uno de sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales.
