Joseph Sanny es de Nigeria, tiene 33 años, llegó a Córdoba hace cuatro años, después de cruzar el Estrecho en patera, y estaba a punto de regularizar su situación cuando la crisis del coronavirus le ha dejado en la estacada. Buen trabajador, logró después de mucho buscar una oferta de trabajo y tenía una cita confirmada desde febrero para solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, lo que le habría dado opción a un contrato de un año y a regularizar su situación. «Ahora todo eso no va a ser posible», lamenta, «soy buen trabajador y estaba a punto de conseguir mis papeles, pero todo se ha paralizado». La situación de Sanny es delicada, ha quedado en una especie de limbo, ya que el decreto le excluye por ahora como trabajador potencial en el campo y no tiene otra alternativa laboral ni puede solicitar ayudas al no contar con documentación.

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Como él, muchos inmigrantes en vías de regularización esperaban que el nuevo Decreto Ley del Gobierno de medidas para ayudar al trabajo en el campo solucionara estas dificultades, pero no ha mejorado nada. El Consejo General de la Abogacía, del que es miembro la abogada cordobesa Matilde Mérida, ha denunciado el escaso impacto de las medidas acordadas en el Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril para el empleo agrario en el actual contexto de epidemia por coronavirus.

Según indica en un escrito, las medidas acordadas «no favorecen al sector de población migrante», ya que «no amplían el acceso al trabajo en el campo a nuevos sectores de la población migrante que no podían hacerlo antes de la normativa». Según Mérida, «inicialmente, se anunció que el Decreto Ley iría dirigido a dar salida a un sector de inmigrantes más amplio, a los que no tenían autorización, y a los solicitantes de asilo que no habían accedido a una autorización de trabajo, pero en el texto final no se contempla, lo que descarta la posibilidad de que los extranjeros que estén sin regularizar puedan arreglar su situación». En su opinión, el decreto «no aporta nada».