Mientras el Gobierno central trabaja a marchas forzadas en una ley sobre el teletrabajo y baraja la posibilidad de aprobar esta misma semana un real decreto para acelerar el marco normativo que pacta desde hace semanas con los agentes sociales, empresas y trabajadores se preparan para un otoño de posibles rebrotes y una posible vuelta al hogar convertido de nuevo en oficina.
El teletrabajo ha llegado para quedarse, también en Córdoba, pero la regulación en ciernes de esta modalidad laboral ha retraído a algunas empresas que en el confinamiento mandaron a sus trabajadores en masa y a sus casas pertrechados de ordenadores portátiles. «Hemos observado que cuando se empezó a anunciar a bombo y platillo la ley, las empresas empezaron a llamar a los trabajadores para que volvieran a sus centros de trabajo», comenta Aurelio Martín, responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba.
Con un escenario normativo aún en la fragua, el panorama actual en la provincia recoge porcentajes de teletrabajadores que van desde apenas el 20% en las administraciones públicas, hasta el 80 o el 90% de algunas empresas privadas como la cordobesa Gesthispania, que prepara estos días su mudanza al Parque Joyero. La Confederación de Empresarios de Córdoba no dispone de datos provincializados sobre cuántos empleados están trabajando desde casa.
Las administraciones públicas
Los responsables de los recursos humanos en las administraciones públicas especulan con distintos escenarios, después de conocer que la ley del teletrabajo no contempla al sector público. Los funcionarios y el personal laboral encontraron el jueves un partidario insospechado en el mismísimo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que criticó que el Gobierno quiera regular el teletrabajo en las empresas privadas, pero no incluir en su aplicación a las administraciones públicas, algo que considera «no tiene mucho sentido» en el actual contexto de digitalización. «Nos estamos encontrando ahora con que nos quieren regular el teletrabajo y, sin embargo, pretenden que las Administraciones públicas queden libres de ello», lamentó.
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El hecho de que el borrador no incluya al personal laboral puede retraer a sindicatos como UGT a firmar el acuerdo al estimar como imprescindible esa regulación de empleados que trabajan para la administración pero que no son funcionarios.
En la actualidad, las cifras de empleados públicos que están teletrabajando en la provincia de Córdoba es baja en comparación a los meses de confinamiento y a pesar de que muchos servicios siguen sin estar abiertos al público. En la Diputación, por ejemplo, hoy por hoy están teletrabajando de manera íntegra en su jornada laboral el 18,43% de los empleados públicos. En total, 101 trabajadores presentaron la solicitud para llevarse el trabajo a casa por cargas familiares y fue admitida. Además, 52 trabajadores están dentro del escenario de vulnerabilidad de la unidad de promoción de la Salud y el resto, están en teletrabajo «parcial».
Fuentes de la institución provincial explican que se ha priorizado a personas con menores de hasta 14 años o a personas mayores, dependientes o con discapacidad a su cargo; afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día y personas con problemas de salud. «Estas medidas están aprobadas hasta el día 15 y estamos trabajando y a la espera de la ley del Gobierno porque la idea es seguir dando esa opción».
En la Junta de Andalucía, en las delegaciones provinciales de Hacienda, Industria y Energía hay teletrabajando en estos momentos 12 empleados públicos de los 97 que son en total, es decir, el 12,3%. Por su parte, desde la suspensión del estado de alarma, los empleados del Ayuntamiento de Córdoba han ido regresando a sus puestos y actualmente la gran mayoría está en modo presencial. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba no ha facilitado datos.
El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, espera que se aclare el panorama normativo y puntos tan determinantes como si finalmente el Gobierno aprueba conceder bajas a padres con niños en edad escolar que han sido puestos en cuarentena. «Tengo dos escenarios con dos alternativas. Cuando se decidan, me decido», apunta el edil popular.
Desde marzo, el Ayuntamiento de Córdoba, como el resto de administraciones, ha tenido que avanzar a marchas forzadas, primero en su digitalización (algo que ha terminado beneficiando al ciudadano) y, segundo, en el modo de trabajo de los empleados públicos. «Se aprobó una instrucción general, pero luego cada delegación ha tenido que hacer una composición de lugar, medidas propias para cada instalación y puesto de trabajo o la posibilidad de hacer trabajo presencial, teletrabajo o turnos. No ha sido lo mismo aplicar esta modalidad en El Arcángel que en la segunda planta de Capitulares (donde está recaudación)», explica Bernardo Jordano.
Hasta el 22 de septiembre
El próximo miércoles 22 de septiembre concluye la preferencia normativa del teletrabajo por el covid, después de que el decreto del pasado 17 de marzo recogiera que la situación de excepcionalidad por confinamiento exigía una relajación de las obligaciones del trabajo presencial, «con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de responder a las necesidades sanitarias». La previsión del Gobierno es que en breve esté aprobado el real decreto ley que regule el teletrabajo, una modalidad laboral que se ha ensayado en España durante los últimos 6 meses, a marchas forzadas y obligados por la crisis sanitaria.
