La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) defendió ayer en su reunión con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, un cambio normativo que permita el cobro por plaza en cada viaje de taxi contratado mediante una aplicación similar al modelo de Blablacar. Además, pidió a la Junta de Andalucía, la administración que tiene la competencia, que regule el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La consejera, por su parte, defendió la «coexistencia» de los taxis y los VTC, así como la protección de los empleos que genera el sector, una demanda a la que se sumó ayer el sindicato CCOO.

El presidente de Pidetaxi, Miguel Ruano, valoró ayer de forma positiva la reunión mantenida en Sevilla, en la que se acordó la constitución de una comisión de trabajo que volverá a reunirse dentro de dos semanas, y el «tono cordial» con que se desarrolló el encuentro. Ruano explicó que lo más importante ahora para el sector del taxi es un cambio normativo que les permita ser «más competitivos», y que deje a los usuarios contratar sus servicios a través de aplicaciones y con un precio fijado de manera previa por recorrido. «El taxi quiere darle al usuario lo que está pidiendo. Se dice que no queremos competir, que estamos estancados en el siglo XIX, pero la realidad es que son las administraciones quienes no nos permiten hacerlo», explica Ruano.

El representante de los taxistas recuerda que el precio del taxi en Córdoba lo fija el Ayuntamiento y que, aunque llevan pidiéndolo desde 2014, no pueden ofrecer un servicio por un precio previo concertado, que sea inamovible --las VTC pueden modificarlo por las condiciones del tiempo o del tráfico--, y que pueda pagarse antes o después del servicio. «Llevamo pidiendo eso desde hace cinco años, pero por desidia, lentitud o torpeza las administraciones no han hecho nada».

Otra iniciativa de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi para modernizar el sector, informa EFE, se refiere a la adopción de decisiones conjuntas entre Fomento y AENA para un mayor control de los servicios precontratados en puertos y aeropuertos mediante la instalación de controles telemáticos de acceso. Además, demandan que la Administración «colabore activamente» en la formación de policías locales para mejorar los sistemas de control y sanción de las irregularidades que puedan producirse.

El concejal de Movilidad, Andrés Pino, por su parte, espera hacer un frente común con los ayuntamientos de capitales andaluzas en las que ya operan los VTC. De hecho, representantes de los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Córdoba (en Granada la entrada de Uber se ha producido en enero) ya se reunieron en diciembre con este fin. La idea de Pino es solicitar a la Junta de Andalucía que se cumpla la normativa sobre el precontrato y se establezca un periodo mínimo para contratar un VTC y no sea de contratación instantánea.

En Córdoba, donde Uber opera desde octubre, el Ayuntamiento le prohibió circular por las zonas de tráfico restringido (Acire), así como por los carriles bus-taxi. La empresa recurrió a los tribunales y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, que debe determinar si el Ayuntamiento puede restringir la circulación de los VTC, decretó en noviembre, como medida cautelar, la suspensión de dicha restricción. Pese a todo, en Córdoba no se han registrado incidentes de importancia y, según Pino, está prevaleciendo «el civismo».

También se pronunció ayer en Córdoba sobre este asunto el portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, al pedir que «no se alimenten prejuicios» contra los taxistas, pues solo exigen «el cumplimiento de la ley».

OTROS FRENTES

EL CONFLICTO A NIVEL NACIONAL

COMPETENCIAS

Uno de los debates de fondo en la regulación del taxi es qué administración tiene la competencia en la regulación del sector. Ayer, mientras que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía decía que la regulación tanto del sector del taxi como de los VTC debe ser una competencia del Gobierno para evitar que haya 17 normas, una por cada comunidad, el ministro Ábalos decía lo contrario. El titular de Fomento advirtió ayer de que empresas como Uber y Cabify dejarán de operar en las ciudades en que están presentes en cuatro años si antes de este plazo los gobiernos regionales y los ayuntamientos no regulan este servicio. Ábalos recordó que así lo establece el decreto ley que el Gobierno aprobó en septiembre de 2018, el que habilitó a las comunidades a regular este nuevo servicio de transporte urbano. «Si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que va a pasar es que dejarán de prestar servicio las VTC en su ámbito», advirtió. «Esa es la consecuencia y tienen cuatro años para evitarlo», añadió.

UBER Y CABIFY SE VAN

Las empresas Uber y Cabify dejarán de operar en Barcelona a partir de hoy, el día que entra en vigor el decreto de la Generalitat que obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de 15 minutos. Para la compañía, la obligación de esperar como mínimo 15 minutos para viajar en un VTC «no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda como Uber». En Madrid, por contra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento manfiestó ayer que no aplicará las medidas tomadas en Cataluña.