Los taxistas y el Ayuntamiento recurren el auto del juez que autoriza a los VTC a transitar por la zona histórica protegida

La empresa Ares Capital, que controla la totalidad de las licencias VTC autorizadas en Córdoba, no acredita ni cuantifica ante el juzgado los hipotéticos perjuicios económicos “millonarios” cuando, según se argumenta en el escrito, no tienen clientes suficientes en Córdoba que lo justifique.

El auto del juez podría tener como consecuencia el acceso a las zonas restringidas de tráfico (Acire), no solo a Ares Capital, sino al resto de los 1.857 vehículos con licencia VTC existentes actualmente en Andalucía, aunque esta cifra podría ascender hasta los 2.500 una vez resueltos los recursos interpuestos en los diferentes tribunales.

También podría afectar al resto de los 8.516 taxis de la comunidad autónoma, continúa la nota, lo que podría producir un caos regulatorio de la movilidad de un entorno protegido como es el casco histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su alto valor cultural y arquitectónico.

El colectivo mayoritario de taxistas y el Ayuntamiento sostienen ante el TSJA que la zona Acire fue establecida por el Gobierno municipal, en atención a sus atribuciones, con el objetivo de proteger el área Patrimonio de la Humanidad. Toda la zona Acire se encuentra limitada al tránsito de los servicios públicos y sujeta a una política de peatonalización en los enclaves históricos de mayor relevancia, como es el caso de la Mezquita Catedral.

En sus alegaciones, tanto Autacor como la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba subrayan la defensa del interés general que alienta sus actuaciones frente a "la explotación privada del casco histórico por parte de las multinacionales, que amenazan la pervivencia de un servicio público como es el taxi", concluye la nota..