La solución final al plan especial de la carretera de Palma, el documento urbanístico que ordena 155 hectáreas entre las que se encuentran las naves que construyó sin licencia en el 2005 el empresario y exconcejal Rafael Gómez, se alarga. La empresa Proyectos Urbanísticos Aguilar ha recurrido la sentencia del TSJA que confirma la anulación de dos artículos, el 14 y el 20, los más controvertidos, los relativos a los usos permitidos y a la superficie de las naves que hay que dejar en pie. La empresa ha recurrido la sentencia, que adelantó este periódico hace dos semanas, ante otra sala del TSJA y no ante el Tribunal Supremo, ya que también cabía esa posibilidad.

Proyectos Urbanísticos posee 40.000 metros cuadrados en el plan especial de la carretera de Palma, cerca de las naves de la antigua Colecor. Esos terrenos lindan con el arroyo Cantarranas. La idea de esta empresa, que pide la total anulación del plan y no solo de una parte, es llegar hasta el final, según aseguran fuentes de la misma. Desde un primer momento, Proyectos Urbanísticos Aguilar no ha estado conforme con el nivel de edificabilidad que permite la Gerencia de Urbanismo en el ámbito de las naves, «del cien por cien frente al cero que da al resto de propietarios», lo que califica de «arbitrario», señalan las mismas fuentes. Por ello, esta empresa considera que hay que hacer un nuevo plan especial que contemple los intereses de todos los afectados.

El recurso ante el TSJA da un margen de tiempo a Urbanismo en este conflicto que tiene ya once años de historia. El primer plan de la carretera de Palma, impulsado por Rafael Gómez, fue aprobado en el 2006 y tumbado después por el TSJA en el 2008 (el Supremo confirmó esa sentencia en el 2011). El Ayuntamiento elaboró un segundo plan, aprobado por el Pleno en el 2012, aunque fue recurrido por la Junta, por un propietario, Nicolás Moya, y por Proyectos Urbanísticos. El TSJA se pronunció en el 2014 sobre los tres recursos, anulando solo una parte del plan, la que afecta a los usos y la superficie, por lo que el resto del documento seguía siendo válido. El Ayuntamiento anunció entonces que iba a acatar la sentencia y redactar de nuevo los dos artículos para cumplirla. Sin embargo, Proyectos Urbanísticos recurrió al Supremo, que en el 2016 dictó una sentencia que obligaba al TSJA a pronunciarse de nuevo sobre el plan. El argumento esgrimido por Proyectos Urbanísticos es que el plan implica una alteración estructural del PGOU, que puede llevar a una nulidad de pleno derecho más amplia que la dictada sobre los dos artículos y que existe una ordenación discriminatoria.

El TSJA emitió una nueva sentencia en enero de este año, en la que ratifica la anulación de solo una parte del plan especial, con la que no está de acuerdo Proyectos Urbanísticos, de ahí que la ha recurrido.

Tras conocerse esta sentencia, Urbanismo aseguró que esperará a que haya un fallo firme para retocar el plan de la carretera de Palma. Si no hubiera habido recurso, la sentencia sería firme ya, ya que el Ayuntamiento piensa acatarla. Sin embargo, al haber un nuevo recurso, habrá que esperar como mínimo otro año hasta que haya un fallo judicial definitivo.