La solución del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) se complica después de que se haya conocido que la empresa adjudicataria, Ucop, se acogiera en enero a un preconcurso de acreedores, una figura prevista por la ley, previa al concurso, que permite a una empresa en situación de insolvencia ganar tiempo para negociar con sus acreedores y alcanzar un acuerdo de refinanciación de su deuda. La constructora presentó el preconcurso en una fecha próxima a la que planteó al Ayuntamiento rescindir el contrato de obra para la adaptación del pabellón del Parque Joyero, algo que sucedió el 19 de enero y que fue rechazado por la Junta de Gobierno Local el viernes pasado.

En ese escrito, Ucop solicitaba la anulación del contrato por causas imputables al Ayuntamiento y reclamaba dos millones de euros por obras que se han hecho, según afirman, al margen del proyecto original y sin que «exista un reflejo real de las alteraciones producidas» en los modificados. En su argumentario, Ucop adjunta una decena de incidencias que considera se han producido durante la ejecución, entre las que destaca las demoliciones y el desvío en el ámbito de Surgenia (dice la empresa que el proyecto solo preveía el desmontaje y la retirada de las instalaciones) o la orden de los directores de obra de ejecutar la modificación del conducto solar, lo que implicó, sostienen, la variación de la estructura y la aprobación de un nuevo material.

Además, Ucop considera «inviable técnicamente, económicamente y legalmente» la segunda propuesta de modificación del contrato planteada por la dirección facultativa en noviembre, y consideraba que la propuesta no incluía modificaciones como los cambios producidos en 48 planos de estructura, o la no inclusión de unidades nuevas, entre otros.

Por su parte, la dirección facultativa, en un informe de 23 de enero, observaba no solo el bajísimo nivel de ejecución de la obra, sino que alertaba de seis partidas de obra paralizadas sin justificación y 89 partidas sin aprobar «por el retraso de la empresa en la presentación de la documentación necesaria».

En el preconcurso, la constructora, que también ha presentado un ERE a su plantilla, ha planteado quitas del 50% a sus acreedores. Ucop dispondrá hasta el 9 de abril (tres meses después de la presentación del preconcurso) para alcanzar un acuerdo. Si no lo logra, dispondrá de otro mes para presentar al juzgado la solicitud de declaración del concurso propiamente dicho.

Los proveedores, por su parte, han acudido al Ayuntamiento para tratar de cobrar sus deudas directamente de las arcas municipales, algo que, al parecer, no puede hacerse. El concejal de Presidencia, Emilio Aumente, indicó ayer que «no hay novedades» respecto a la solución que la asesoría jurídica perfila para tratar de salvar la situación --el inicio de las penalizaciones o rescindir el contrato-- y reanudar las obras en el CEFC con una nueva empresa. Mientras tanto, el responsable de Presidencia continúa sin querer pronunciarse sobre este asunto y pretende postergar sus declaraciones hasta la celebración del próximo Pleno, en el que comparecerá a petición del PP para hablar del CEFC.