La empresa Jiménez y Carmona (Jícar), que aspiraba al arrendamiento del antiguo edificio de Agrónomos, ha quedado excluida del concurso convocado por la UCOUCO, por lo que ya solo queda una aspirante a quedarse con el alquiler, Gestión de Espacios Circulares, que será, si no hay sorpresas y acaba cumpliendo todo lo que se le exige, la que logrará la adjudicación. Por lo pronto, la única aspirante que queda debe hacer aclaraciones a petición de la mesa de contratación, ya que esta ha observado «discrepancias» en el plan de explotación y pide que acredite la solvencia económica no solo de esta sociedad, sino también de las empresas a las que pretende subarrendar la explotación del edificio tras su reforma, Albor Córdoba y Gestión de Espacios Sociosanitarios, así como la de Master Tecnic Asistencia. Albor está dedicada a la formación profesional en el ámbito sanitario. La mesa pide también que acredite la solvencia técnica de todas.

Por otro lado, la UCO ha emitido una resolución por la que declara la exclusión de Jícar «por defectos no subsanables en la documentación presentada». A partir de ahora tiene un plazo de dos meses para, si así lo estima, interponer un recurso ante el juzgado, o de un mes si opta por reclamar ante la UCO y esperar a tener la resolución del mismo antes de ir al juzgado. ¿Qué ha ocurrido? Por un lado, que en el Plan de mejoras de carácter general, la empresa dice que la oferta se formaliza «vinculada a la aceptación previa de esta mejora» por parte de la UCO». Por otro lado, en el Plan básico de explotación consta que «atendiendo a los modelos de explotación planteados y sus rentabilidades, consideramos que la viabilidad del proyecto pasa por la participación de la UCO en la fundación y la consiguiente compensación de la renta de arrendamiento por el correspondiente número de plazas en los planes de formación». La resolución indica que «se constata» que Jícar «no acepta de forma incondicional las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas» y «supedita la viabilidad de su propuesta a la aceptación» por parte de la UCO, lo que supondría «una modificación de las condiciones de contratación, vulnerando así los principios de igualdad y no discriminación».

La UCO intenta dar vida al edificio que cerró sus puertas en el 2008, que el adjudicatario se encargará de rehabilitar, equipar y explotar pagando 175.000 euros durante 40 años prorrogables. El valor estimado del contrato es de 7,6 millones.