A la luz de los datos de plazas que el descenso de natalidad ha dejado vacías en la provincia (unas 2.500 de las 9.000 ofertadas por la Junta), los sindicatos de educación CSIF y Ustea en Córdoba han exigido a la Consejería de Educacion que esto no se traduzca en un recorte de unidades en la pública. Según Ustea, «desde el 2011 se ha contabilizado en Córdoba el cierre de 200 aulas en las etapas de Infantil y Primaria». En este sentido, aseguran que ampas como las del CEIP Algafequi de la capital temen que «cuando se formalice la matriculación en junio, se pierda una nueva unidad de Infantil que se sumaría a la que se perdió en cursos anteriores, y una unidad en Primaria». En el mismo barrio de la Fuensanta, el CEIP Lucano se encuentra para la directiva del centro en una situación «crítica» según el sindicato, ya que tienen tres aulas mixtas en las que se agrupan alumnos de distintos cursos. «Especialmente sangrante», afirman, es el caso del CEIP José de la Torre y el Cerro, de la capital, «que a principios de curso perdió una unidad, lo que obligó a unir Infantil de 3 y 4 años.

CSIF, por su parte, reclama a la Delegación de Educación información actualizada sobre las unidades de educación pública, «algo que no tenemos pese a que lo hemos solicitado reiteradamente», y reclama un compromiso firme de la Junta con la educación pública. Pese a no tener datos, señala que «basta observar lo que ha ocurrido en los últimos años para sospechar que la bajada de la natalidad vaya a suponer el cierre de más unidades», y reclamanotras medidas.

Ambos sindicatos coinciden en que el descenso de la natalidad, en lugar de conducir a una reducción de unidades, «debe servir para bajar las ratios y mejorar así la atención al alumnado». Según CSIF, «dado que las unidades ofertadas estaban dotadas presupuestariamente, la Junta debe hacer un esfuerzo para mantenerlas con ratios más bajas, lo que puede revertir muy positivamente en el alumnado especialmente en las etapas de inicio de la escolarización».

Para Ustea, «es especialmente importante hacerlo en las zonas dominadas por la oferta privada concertada, donde no podemos permitir que el deterioro del servicio público se agudice aún más», ya que considera que «no se puede permitir que el deterioro del servicio público se convierta en un fenómeno irreversible en determinadas zonas, cerrando unidades de la pública mientras la concertada aumenta».