La saturación actual de los centros de protección de menores en Andalucía a cargo directamente de la Junta de Andalucía, de los cuales tres de ellos se encuentran en Córdoba (el Juan de Mairena, el Lucano y el Beatriz Enrique Enríquez), ha puesto a estas instalaciones tuteladas en «situación límite», que en el caso de estos tres casos cordobeses llegan a estar al 130% por encima de su capacidad.

Así lo denunció ayer la sección sindical de Ustea de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, en un encuentro con la prensa frente a la sede de la Delegación, al que se había adelantado el CSIF difundiendo una nota con similares denuncias públicas.

En concreto, Ustea daba cuenta de la saturación de los centros de protección directamente dependientes de la Junta en toda la comunidad autónoma (más de dos decenas y media) pero, especialmente, los tres cordobeses, actualmente con 97 internos pese a las 75 plazas máximas que pueden utilizarse. La situación no es nueva, ya se produjo el pasado verano (incluso un centro cordobés llegó a tener 47 internos, casi el doble de su capacidad) y, este año vuelve a reproducirse con otro episodio de avalancha de emigración a través del Estrecho, ya que los colapsados centros de menores de las provincias costeras tendrán que derivar aún más menores asistidos a centros de provincias del interior.

En todo caso, «la Junta está haciendo negación de su tutela y lo que se hace, lo que sacamos adelante, es por los trabajadores», resumía ayer Carmen Rubio, representante del sindicato y trabajadora en uno de los centros de protección de menores, en donde «no vamos a tener pronto sitio ni para poner los colchones».

NI CONOCER NI CONVIVIR / La situación, en primer lugar, impide «poder desarrollar una intervención psicosocial, educativa e intercultural» y, tampoco, hacerlo de la forma individualizada que propugna la propia ley andaluza. De hecho, un comunicado de Ustea, como antes lo hiciera otro del CSIF, alertaba de los problemas de convivencia que crea este hacinamiento, y que se reflejan en un aumento de la tensión y en un mal ambiente, llegando, según coinciden en culpar los dos sindicatos, a ser la causa de incidentes y de situaciones violentas.

Ustea incluso señala que la masificación lleva a que se produzcan «tardanzas en la realización del protocolo médico, con el riesgo que ello supone para el individuo y el resto del centro», por ejemplo, introduciendo en el recinto una enfermedad infectocontagiosa.