La ordenanza municipal condiciona la obtención de ayudas y licencias a la inspección en el caso de los que estén obligados a ello. En este sentido, la nueva normativa estatal es más dura, ya que, para recibir subvenciones públicas, cualquier inmueble, tenga la edad que tenga, sea unifamiliar o edificio colectivo, debe tener el informe de evaluación de edificios que chequea su nivel de conservación, accesibilidad y consumo energético. Martín considera este paso lógico, ya que si una administración "decide dar ayudas públicas, debe ver a dónde van dirigidas" y cerciorarse de que no van a una casa que se cae. No obstante, insiste en que, al margen de la obligatoriedad de la revisión, "una mala conservación y mantenimiento puede derivar en una denuncia --por un particular o a raíz de una inspección del Ayuntamiento-- y se puede exigir la realización de las obras necesarias".
Al margen de esto, la Gerencia de Urbanismo considera que los informes técnicos de la ordenanza municipal cumplen "con todos los apartados, incluidos con los de accesibilidad, de la nueva ley, por lo que solo falta el de eficiencia energética". Martín no descarta que Urbanismo participe en más jornadas informativas como la organizada por la Federación Al--Zahara para aclarar las múltiples dudas que tienen los vecinos sobre la ordenanza de inspección, que aumentan ahora con la nueva normativa estatal.
