Manuel tiene 70 años, sufre trastorno bipolar, una minusvalía del 55% y vive encerrado en su vivienda para evitar que lo desalojen. Dueño de una empresa constructora, la crisis se llevó por delante su estabilidad financiera cuando compañías deudoras quebraron dejando un rosario de facturas pendientes de pago. Para salir adelante, se vio obligado a hipotecar su casa, la misma que ahora le reclama el banco.

Divorciado, Manuel está solo, aislado del mundo, no quiere vivir con nadie y apenas sale de casa por el temor de ser desalojado si se va. «No he podido pagar al banco porque yo no pude cobrar miles de euros que me debían otros, no es justo que me echen de mi casa». Es la letanía que repite a su hija, preocupada por la salud de su padre, y que relata el caso preservando su identidad para evitarle sufrimiento extra. Manuel no es plenamente consciente de su enfermedad, así que no siempre accede a tomar el tratamiento y pasa de estados de euforia a depresivos. «La primera vez que el secretario judicial acudió al domicilio a ejecutar el lanzamiento fue paralizado después de que amenazara con matarse si lo obligaban a irse», recuerda, «solo está dispuesto a dejar su casa con los pies por delante o si se le ofrece un lugar digno donde vivir».

Inscrito en el registro de viviendas de Vimcorsa desde hace más de un lustro, nunca lo han llamado. El caso llegó a la asociación Anfane con los trámites de desahucio iniciados y, desde entonces, están intentando encontrar una solución. El lanzamiento tenía nueva fecha de ejecución para hoy, 8 de noviembre, pero un informe de Asuntos Sociales ha servido para que el juzgado suspenda la medida durante tres meses, a la espera de que se resuelva la emergencia habitacional. Según María, «lo increíble es que el banco puso en marcha el desahucio y después vendió la deuda a un fondo buitre, pese a lo cual sigue reclamando que se ejecute, aunque ya no es propietario». La situación vulnerable de su padre no llevó al banco a ofrecer un alquiler social, que es lo único que podría afrontar, ya que de su pensión debe abonar una parte para la compensatoria de su exmujer y afrontar los embargos que tiene pendientes, señala María, «no puede seguir así».