Los servicios jurídicos del sindicato CGT han ganado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Córdoba a pagar a la portera de un colegio según lo establecido en la relación de puestos de trabajo (RPT), que iguala la categoría de portero con la de ordenanza. Desde el sindicato adelantan que se pedirá al Ayuntamiento que esta sentencia se extienda a todos los porteros, que se actualicen todas las nóminas y se paguen las diferencias económicas desde el año 2015.

Según informa el sindicato en una nota de prensa, sus servicios jurídicos interpusieron demandas judiciales contenciosas administrativas a petición de varias afiliadas a este sindicato, porteras de colegios del Ayuntamiento de Córdoba, exigiendo la actualización de su nómina como establecía la RPT aprobada en enero del 2015. El Ayuntamiento de Córdoba se opuso a esta pretensión de actualización, en el mismo juicio alegó diversas justificaciones para conseguir una sentencia contraria a reconocer este derecho, señala la nota de CGT.

Finalmente, la primera sentencia judicial dictada por el juzgado, "reconoce el derecho de una de nuestras afiliadas --explica el sindicato--, portera de colegio, a que se actualice su nómina como se establece en la Relación de Puestos de Trabajo, igualando las retribuciones a las de ordenanza, y a abonar la diferencia económica dejada de percibir, desde el año 2015, así como condena al Ayuntamiento de Córdoba a correr con las costas del juicio".

"Es una satisfacción haber conseguido que se haga justicia --añade la nota de CGT--, y que lo que se ha venido negando durante cuatro años a las y los porteros del Ayuntamiento de Córdoba, por el gobierno municipal, se haga una realidad a través de esta sentencia judicial".

SILENCIO ADMINISTRATIVO

CGT recuerda que sus afiliadas, viendo que se pasaban los cuatro años que tenían para poder reclamar este derecho, y que si no lo hacían de inmediato se perderían todos los derechos a la reclamación, decidieron en el mes de octubre del pasado año, presentar el correspondiente recurso administrativo ante el Ayuntamiento. La respuesta del equipo de gobierno municipal fue el silencio administrativo. Ante esta actuación del Ayuntamiento, interpusieron la correspondiente demanda judicial.