La situación es «grave, compleja, complicada y peligrosa». Así ha definido esta semana el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, el estado de las plantillas de Policía Local y Bomberos de Córdoba por la carencia «alarmante» de personal y por las consecuencias que pudieran derivarse de esa situación (entre otras dejar de prestar servicios o cerrar el parque del Granadal). «Es la seguridad lo que está en juego», ha afirmado sin ambages el responsable de ambos cuerpos, los únicos del Ayuntamiento a los que solo se puede acceder por oposición libre.
Para ilustrar la gravedad acudamos a los datos. Desde el 2008, año en el que empezaron los recortes a las administraciones locales, hasta hoy se han producido en la plantilla de policía de Córdoba 130 vacantes. Actualmente hay 393 agentes y se espera que en los dos próximos años se jubilen 71. La situación en Bomberos no es mucho mejor. La plantilla cuenta actualmente con 158 efectivos y en 2019 la plantilla descenderá a 125.
Un análisis más detenido de las cifras explica con más claridad la gravedad de la coyuntura. En Policía Local, donde el mando más joven tiene 57 años, las jubilaciones de mayores de 65 años que se producirán hasta el 2020 dejarán la escala superior sin personal. No habrá mandos en las tres categorías más altas: intendente mayor (actualmente hay dos), intendente (ahora hay 5) e inspectores (2). De modo que dentro de tres años solo habrá 2 subinspectores y 15 oficiales. Y, ojo, la promoción interna de mandos no se hace de un día para otro.
¿Y por qué puede complicarse más aún todo? Pues curiosamente por la aprobación de un real decreto que recogerá una aspiración histórica de la Policía Local: la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 años. La norma, que actualmente está en periodo de alegaciones, puede dificultar la situación siempre y cuando no prevea la sustitución de las jubilaciones que se produzcan al margen de la oferta general de empleo. «O se hace una oferta de empleo público extraordinaria que no dependa del 1% del gasto del presupuesto municipal o tendremos un problema aún más grave», comenta Emilio Aumente, que sostiene que de lo contrario las únicas contrataciones que podría hacer el Ayuntamiento el año que viene sería de Policía Local.
Este año, por ejemplo, la oferta pública de empleo en Capitulares ha sido de 22 plazas, de las que 14 se han convocado para Policía Local (que, por cierto, salieron en diciembre y aún no está nombrado ni el tribunal). Si el año que viene las jubilaciones a partir de 60 años no se cubren por separado a esa oferta general, dice el gobierno local, no habrá más remedio que destinar todas las plazas a este cuerpo. «Ni servicios sociales ni nada más, todas las plazas tendrían que ser para la Policía Local porque la seguridad es un servicio esencial que no puede dejar de prestarse», apunta Aumente.
Para la oposición, sin embargo, el gobierno local no hace sino «alarmar con imprudencia», porque el real decreto no está aún encajado, es, además, una aspiración histórica de los policías y deberán pasar por filtros como el de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué o quiénes han provocado esta situación? Las políticas de austeridad impuestas a los ayuntamientos tras el estallido de la crisis han limitado la capacidad de los consistorios para contratar, al estar supeditada a la regla de gasto y a la ley de Presupuestos Generales del Estado. Además es el Ministerio de Hacienda el que determina la oferta de empleo público y las tasas de reposición (el número de funcionarios de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una administración pública en función de las bajas que se hayan producido). El Gobierno ha limitado durante años esa tasa al 10% (de 10 jubilados se sustituía a uno).
Sin embargo, para Emiliano Martos y Miguel Martínez, del sindicato mayoritario de Policía Local y Bomberos de Córdoba (Siplib), no toda la culpa ha sido de la tasa. «Durante mucho tiempo ha habido abandono y desinterés por cubrir las vacantes, que aún teniéndolas no se han ofertado», comentan. En el año 2007, recuerdan, «se perdieron unas 40 plazas de Policía Local».
Soluciones posibles
Así las cosas, con las vacantes arrastradas en estos años, los límites a la contratación, el envejecimiento de las plantillas y la lentitud de los procesos selectivos (se calcula que pasan dos años desde que un policía aprueba su plaza y empieza a trabajar), el panorama no es halagüeño. «La única solución sería convocar una oferta de empleo público fuerte o dedicar toda la que haya a ofertar plazas de policía», opina Emiliano Martos, quien ve difícil «regenar todo esto en un solo año». Emilio Aumente reconoce que no le convence la convocatoria de comisión de servicios (que permitiría el traslado de agentes de otras ciudades) porque es una solución temporal.
Esta tesitura no es exclusiva de Córdoba. Aunque hay distintas ratios, la UE determina que debería haber dos agentes por cada mil habitantes. Según esa cifra y en datos que ya son de hace unos años, Granada sería la única capital andaluza en regla, seguida de Huelva, con 1,68 agentes por cada mil habitantes, Jaén (1,63), Cádiz (1,61), Málaga (1,58), Sevilla (1,50), Almería (1,4) y Córdoba (1,3).
Por terminar con algo positivo y a pesar de todo lo escrito, Córdoba vuelve a colocarse en los mejores puestos del ránking de seguridad, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior.
