La aprobación de la modificación de la LOUA fue seguida en directo por la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el presidente de Urbanismo, Pedro García; el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente; el gerente de Urbanismo, Emilio García; y la gerente de Emacsa, Claudia Zafra. Junto a ellos estaban los delegados de Alcaldía de Villarrubia, Marta Moreno; El Higuerón, Baldomero Espino; Alcolea, Isabel Sereno; y Trassierra, Jerónimo Salazar; así como el presidente del consejo de distrito de Alcolea, Manuel Estrella, que espera que «dé frutos». Todos mostraron su satisfacción por el paso dado, que consideran «importante» y «de justicia», según subrayó Aumente. La alcaldesa señaló que «es un primer paso en el camino largo que nos queda por recorrer» y «nuestra responsabilidad» es «sacarle el máximo provecho». Ambrosio confía en que la nueva ley urbanística que prepara la Junta aporte nuevas soluciones.
El presidente de Urbanismo, que reconoció que era un día «importante para la ciudad porque, por fin, el Parlamento y la Junta entienden cuál es el problema que tenemos», dejó claro que el paso «no es suficiente».
Entre los ausentes estuvo el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, colectivo que estuvo en boca de todos por su papel mediador hasta alcanzarse el consenso. De Gracia considera que la modificación «es un paso necesario» e «importante» que «permite adelantar servicios por razones sociales» y «de forma individual» y «conjunta», y «ahora toca trabajar para que sea una realidad». Para ello, y tras una reunión con Urbanismo, mantendrá otras con Emacsa y Endesa y por distritos «para informar sobre esta puerta que se abre». Después, añade, «el vecindario afectado e interesado tendrá que tomar la iniciativa y asumir la solicitud y los costes». Aun así, también opina que «no es suficiente».
El presidente de Alamiriya, Manuel Sánchez, que tampoco estuvo, valora «positivamente este avance, si bien, seguiremos con el camino tomado» hacia la regularización. Sánchez asegura que «seguiremos trabajando para que ni una sola familia se quede sin servicios básicos». Más escéptico se muestra el presidente de CALU, Francisco León (que tampoco fue aunque sí miembros de otras provincias), que considera que «no arregla nada para Córdoba, solo algunos casos», aunque admite que es «un paso más».
Los parlamentarios cordobeses también opinaron sobre la reforma. Miguel Ángel Torrico (PP) asegura que estarán «vigilantes» con el Ayuntamiento para que «no obstaculice» el acceso a los servicios. Por su parte, Antonio Sánchez Villaverde (PSOE), considera que, una vez aprobada, «hay que ser flexible en su aplicación». David Moscoso (Podemos) piensa que de las distintas modificaciones de la LOUA, esta es la que «atiende a situaciones algo más justificables». Isabel Albás (Cs) dijo no estar satisfecha del todo «porque es un parche más y no una solución para todos». Por último, Elena Cortés (IU), a pesar de subrayar las carencias de la reforma, reconoció que «por fin se va a resolver un problema histórico que afecta a Córdoba».
