El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, aseguró ayer que es necesaria «una optimización de todos los recursos», humanos y materiales, para que la justicia sea competitiva y ofrezca «una tutela efectiva y un servicio público eficaz». También concretó que en Córdoba son imprescindibles «como mínimo» dos juzgados más. Estas afirmaciones las realizó el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba en la presentación ayer de la memoria anual correspondiente al ejercicio de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En su opinión, es cierto que hacen falta jueces, como apunta la memoria, que cifra en tres la falta de magistrados en Córdoba, pero «con otra distribución por materias», porque «hace falta un nuevo modelo judicial» para combatir «la inoperatividad», para dar una prestación de un buen servicio de justicia con una gran dispersión de órganos judiciales, que provoca una «organización territorial obsoleta». Para Sánchez Zamorano, posibles soluciones a la actual situación de la justicia, que se repite memoria tras memoria, salvo la nueva infraestructura que supone la Ciudad de la Justicia, es «fundamental2 la concentración de jueces y una nueva concepción de la oficina judicial que preste apoyo a esa nueva redistribución. «Me estoy refiriendo con ello a los llamados tribunales de instancia y a la nueva oficina judicial, pero ni aquellos ni esta terminan por acometerse», aseguró el presidente de la Audiencia provincial.
Sánchez Zamorano destacó que todas las carencias se están paliando por «el denodado, a veces está heróico, esfuerzo de jueces y magistrados con la colaboración de todo un cualificado cuerpo de funcionarios al servicio de la Administración de justicia». Por contra, resaltó el «poco interés» de los políticos, en concreto en Andalucía, por «acometer mejoras y dar personal y recursos a la administración judicial».
En relación a la memoria del TSJA del 2018, el presidente de la Audiencia afirmó que existe «una subida leve de las denuncias de violencia de género», ya que el año pasado hubo 2.680 frente a las 2.567 del año 2017 y 1.826 del 2016, todas referidas a Córdoba y provincia.
De las 1.826 denuncias, solo un 5% de las denunciantes renunció a continuar con el proceso, una cifra que desciende en relación a 2017, que fue del 7%. De las 75 sentencias dictadas, 44 fueron condenatorias y 31 absolutorias. Respecto a estas últimas, insistió en que «no se trata de denuncias falsas, sino de que el magistrado no acabó convencido» de la culpabilidad del acusado. También recordó la puesta en marcha de la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género, constituida en noviembre de 2018, y que el pasado mes de marzo celebró su primera sesión.
