El confinamiento, el coronavirus y la paralización de las administraciones no lo pusieron fácil, pero al final ha sido posible, en el último momento, paralizar el desahucio de una vivienda de Córdoba, fijado para el próximo lunes 28 de septiembre, después de que una jueza haya aprobado que se le aplique la moratoria antidesahucios prorrogada hasta el 2024 el 10 de marzo de este año, días antes de que se declarara el estado de alarma.

El camino no fue fue fácil. A. apareció en la sede de la Asociación de Familias Necesitadas Anfane el pasado 23 de junio, desesperada, después de meses de confinamiento, tras recibir una notificación del lanzamiento inminente, en plena pandemia. Según recuerda el presidente de la entidad, Rafael Cidres, el procedimiento de ejecución hipotecaria de A. empezó en el 2012, cuando aún no había herramientas legales como el código de buenas prácticas o las distintas moratorias, que llegaron después, a las que recurrir para conseguir que un desalojo se aplazara. «Cuando vino, nos pusimos a trabajar con su letrado para salvar la vivienda de A. y sus hijas solicitando que se aplicara el Real Decreto 1/2013, con el que podría disfrutar de su vivienda durante cuatro años más». Pero para eso había que demostrar su situación de vulnerabilidad.

Empleada de una empresa de limpieza, A. es madre de dos hijas, está divorciada y aunque ahora tiene trabajo, ha estado largas temporadas intercalando empleos precarios sin seguridad económica, sin ingresos fijos, lo que le llevó a dejar de pagar la hipoteca. Esas y otras circunstancias familiares han determinado la decisión judicial. Al no tratarse de una situación sobrevenida por el covid, este caso, como el resto de lanzamientos pendientes, no encajaba en los supuestos de la moratoria antidesahucios aprobada por el covid, esa que algunas entidades solicitan que se amplíe hasta finales de año y que Anfane quiere que se aplique en todos los lanzamientos por ejecución hipotecaria, ya que a todas las familias les ha afectado la pandemia.

El desalojo fue señalado el mes de julio inicialmente, pero el juzgado concedió una prórroga hasta septiembre para reunir los documentos necesarios para aplicar la moratoria antidesahucios previa al covid. «Conseguir un certificado de empadronamiento, un certificado del paro, un informe oficial sobre tu situación social o cualquier papel de Hacienda o de los bancos ha sido una odisea desde que empezó la pesadilla del covid», explican, «las instituciones han estado cerradas y no todo el mundo tiene acceso a internet o a un escáner, ni conocimientos para reunir por vía telemática la información que te solicitan». Según la asociación, las familias más vulnerables se han tenido que enfrentar a multitud de dificultades no solo en casos de desahucio como este sino para solicitar la moratoria de hipotecas y alquileres y conseguir el aplazamiento de los pagos. «Durante la pandemia hemos tramitado 156 moratorias de este tipo a socios y no socios de Anfane», señala su presidente, «porque había multitud de personas que no sabían como enfrentarse a los trámites burocráticos que se les pedían». Pese a las circunstancias especiales que se dan por la pandemia, «el departamento que se dedica a emitir notificaciones no ha parado ni siquiera en el mes de agosto», se quejan, «por lo que muchos desalojos han sido reactivados de inmediato sin tener en cuenta las circunstancias actuales».

Tras una «carrera de obstáculos» que se ha desarrollado «a contrarreloj», en pleno verano en Córdoba y durante una pandemia, Anfane y el letrado de A. lograron reunir toda la documentación necesaria el pasado 16 de septiembre y el día 17 se envió por fax al juzgado, relatan. Ayer mismo recibieron la notificación de que la solicitud había sido aprobada y el lanzamiento del lunes suspendido, por lo que A. y sus hijas podrán permanecer en su vivienda hasta mayo del 2024.