El colectivo del centro social Rey Heredia anunció ayer su intención de presentar alegaciones contra la sanción de 5.300 euros propuesta por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por dispensar comida sin cumplir una serie de condiciones técnicas y sin la autorización pertinente. Miembros de Acampada Dignidad solicitaron ayer los expedientes de las dos inspecciones realizadas en el antiguo colegio, pendiente aún de su cesión por parte del Ayuntamiento, para estudiar los términos de su recurso. Según una de las portavoces, que recalca que la cocina abierta del Rey Heredia "no es un bar ni una empresa hostelera", recibieron una inspección que les llevó a iniciar los trabajos para subsanar las deficiencias señaladas, "luego el Ayuntamiento nos cortó el agua y nos denunció a Salud, lo que derivó en una segunda inspección en marzo, tras la cual cerramos la cocina hasta cumplir con todos los requisitos explica, "por eso no entendemos que se plantee ahora esta sanción". Tras lo ocurrido, Acampada Dignidad ha decidido retrasar la apertura del comedor prevista para primeros de septiembre.

Por su parte, el jefe de servicio de Salud Pública, Francisco Antón, aseguró ayer que independientemente de la motivación y de quién realice una actividad de estas características, Salud "debe garantizar la seguridad de las personas que reciben alimentos". Según Antón, el centro recibió una primera inspección en la que los técnicos informaron detalladamente de los requisitos que debían cumplir y de la necesidad de solicitar una autorización. A pesar de la advertencia, señala, la actividad continuó, "lo que motivó una segunda denuncia de un particular y otra inspección" en la que comprobaron la situación y se procedió a abrir un expediente sancionador. Salud insiste en que "no puede haber excepciones" y recuerda que el centro puede realizar alegaciones.