Los responsables de la gestión de Laboratorios Pérez Giménez antes de su venta en 2010 y posterior a esta operación han defendido hoy la buena praxis de sus actuaciones y han negado los hechos delictivos que les atribuyen tanto la administración concursal como la Fiscalía en la primera sesión del juicio, que se celebrará hasta el próximo jueves y que pretende determinar si la quiebra de la empresa fue fortuita o se debió a una mala gestión. A lo largo de los cuatro días, una treintena de personas declararán ante el juez de lo Mercantil número 1 para esclarecer las circunstancias por las que en noviembre del año 2011 Pérez Giménez entró en concurso voluntario de acreedores, cuando tenía una plantilla de unos 200 trabajadores y una deuda de alrededor de 50 millones de euros.

Han declarado como demandados Francisco Pérez Pérez Giménez, representante de Diego Pérez Giménez S.L.; Sergio Martínez; Encarnación Ibáñez; Jacinto Romeu y el abogado Juan Manuel Salmerón. También lo hizo Francisco Estepa, representante de la administración concursal. Otros citados no han tenido finalmente que prestar declaración ante el juez, entre ellos los otros tres hermanos Pérez Pérez Giménez -Diego, Fernando y Antonia-. Todos los demandados han defendido en todo momento sus actuaciones e insistieron en que todo lo que hicieron fue para garantizar la viabilidad de la empresa.

En el caso de Francisco Pérez, ha negado que se manejara dinero negro en los laboratorios o que hubiera empleados que cobraran hasta 40.000 euros en efectivo fuera nómina. Igualmente ha defendido el control de los costes y ha asegurado que las declaraciones complementarias de IVA y de impuestos de sociedades que se realizaron en el año 2010, pero que correspondían a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 se debió "a un error", ya que "en la contabilidad figuraba todo". Este "error" suponía haber dejado de declarar seis millones de euros.

En la sesión de hoy se ha puesto también en cuestión dónde está el dinero que la sociedad perteneciente a Pérez Giménez, y que se dedicaba a operar en el mercado los genéricos, ha dejado a deber a los laboratorios una vez que entró en liquidación. Esa cantidad era de unos 7 millones de euros después de que Pérez Giménez "recuperó" 1,8 millones en una partida de productos que no se había vendido. Igualmente, se han puesto en liza el destino de las subvenciones que habría recibido los laboratorios, y que podrían ascender a 20 millones de euros.

El procedimiento judicial se dirige contra las personas que "compraron en principio los laboratorios con la idea de hacerse cargo de las deudas" y las sociedades Kabama Consulting y Tecris Consultor, porque en el periodo comprendido entre 2010 y 2012, "en las relaciones que se establecieron", se pudieron haber "apropiado indebidamente del dinero del laboratorio en lugar de hacerse cargo de las deudas". Aunque aún no se ha concretado el montante que pudieron quedarse, se podría estar hablando de entre 300.000 y 400.000 euros.

Informe de calificación

Este juicio llega casi siete años después de que se iniciara el proceso de quiebra de la farmacéutica cordobesa. Entre otros aspectos, el informe de calificación indica que "esta administración concursal estima que la causa esencial de la insolvencia generada y, posteriormente, agravada en Laboratorios Pérez Giménez se ha debido a la mala gestión llevada a cabo por sus administradores de hecho y de derecho". En el documento se aporta abundante información y, entre otros aspectos, señalan que "analizados los hechos acaecidos en el seno de la concursada durante los últimos meses del ejercicio económico 2009 y el primer semestre del 2010, puede calificarse la gestión de los responsables de la misma como de absoluta temeridad".

Junto a otras afirmaciones, los autores del informe sostienen que "además del abultado listado de acreedores que mantenían la confianza en el cobro de sus créditos, Laboratorios Pérez Giménez contaba con cerca de un cuarto de millar de empleados. Lamentablemente, la gestión ulterior de la sociedad, tras la salida de la familia Pérez Giménez, fue, cuanto menos, igual de devastadora que la precedente".

Tecris adquirió los laboratorios Pérez Giménez en el verano del 2010 por un euro más la deuda. Entonces se supo que ésta superaba los 50 millones de euros. En noviembre del 2011 entró en concurso de acreedores y en abril del 2013 el juzgado de lo Mercantil decretó su liquidación. Después vinieron tres adjudicaciones. La primera se produjo en favor de LPG Pharmula en noviembre del 2013. En febrero del 2014 se otorgó, por primera vez, a Globalaeronautic, que en marzo renunció al hacer frente al aval. Un nuevo proceso volvió a adjudicar la empresa a Globalaeronautic por 11 millones de euros, pero no llegó concretarse la compra. En octubre del año pasado, finalmente, Pharmex pagó 9,5 millones de euros y puso fin a un largo proceso.