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Desescalada en Córdoba: las residencias reclaman que se ocupen las plazas vacantes

Rafael Luque, ecónomo general de Lares, denuncia que la Junta se comprometió a financiar el servicio en abril

 

Residencia de mayores La Trinidad. - FRANCISCO GONZÁLEZ

Juan Pablo Bellido Juan Pablo Bellido
23/05/2020

Las residencias de mayores no lucrativas han vuelto a levantar la voz contra la «pasividad» que, a su juicio, muestra la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía que, a día de hoy, todavía no ha autorizado la ocupación de las plazas vacantes que existen en muchos de estos centros. Así lo ha denunciado Rafael Luque, ecónomo general de Lares, una asociación que aglutina a más de un millar de centros en toda España.

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«Hay personas mayores, dependientes y grandes dependientes en Andalucía, que están recibiendo cuidados en su entorno domiciliario cuando, en muchos casos, sabemos que no son los más adecuados no solo por cuestiones de salud sino, también, por la propia situación familiar, económica o social a la que deben hacer frente», explica Rafael Luque, que es también miembro del Consejo Andaluz de Personas Mayores,

«Existen cientos de plazas vacías, mientras tenemos a personas mayores confinadas en sus casas desde mediados de marzo que están esperando una plaza concertada por la Junta de Andalucía, algo a lo que se comprometieron a partir del 27 de abril», explica el ecónomo general de Lares, que dirige también la Residencia del Santísimo Cristo de los Remedios de La Rambla.

Según Luque, la Junta dejó de financiar las plazas que no se podían ocupar el pasado 27 de abril y «no sin trabajo reconoció que deberían financiarse para poder ayudar a los centros». Sin embargo, denuncia que estas plazas «vuelven ahora a dejar de financiarse y no porque no se puedan cubrir por derecho sino que, simplemente, desconocemos los motivos, ya que han pasado más de veinte días y seguimos sin tener noticia alguna».

Rafael Luque ha pedido en nombre de los centros solidarios que «por el bien de los mayores que están en sus casas y en las de sus familiares, se puedan ocupar las plazas vacías que existen» y, además, que «se analicen las nuevas consecuencias sociales y económicas que se derivan de este retraso».

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