La asesoría jurídica del Ayuntamiento ha decidido presentar un recurso de reposición ante la consejera de Cuentas después de que el Ministerio Fiscal haya rechazado las alegaciones realizadas en la investigación abierta de las ayudas concedidas por el Imdeco a distintas instalaciones deportivas en el 2013. La junta de gobierno local tomó ayer conocimiento de la decisión, adoptada después de un auto recibido el 21 de noviembre, que rechaza un informe del interventor delegado del Imdeco que iba acompañado de un escrito que presentó la alcaldesa al Tribunal de Cuentas. El auto indica que las alegaciones «no justifican debidamente las subenciones concedidas».
El auto acuerda el nombramiento de un delegado instructor para la investigación de las presuntas irregularidades descritas por el Ministerio Fiscal y declara el archivo de las diligencias preliminares. Esas presuntas irregularidades son que el Imdeco incorporó en siete expedientes una cláusula no prevista en los pliegos de condiciones que establecía la posibilidad de entregar una subvención a la concesionaria para mantener el equilibrio económico, que en el 2013 ascendió a 298.743 euros. El Ministerio Fiscal pide el nombramiento de delegado instructor para la investigación de las actuaciones por si constituyen «supuesto de responsabilidad contable».
Un juez detecta fallos en la obra del complejo Azahara
La junta de gobierno local tomó conocimiento de una sentencia que el Ayuntamiento acatará y que obliga a pagar a una empresa por los «vicios ocultos» detectados en las obras del complejo deportivo Azahara. Según la sentencia, la constructora ha de abonar el 10% del coste de la reparación de las instalaciones municipales ubicadas en la avenida del Deporte, fijándose una cantidad máxima de 144.472 euros. El expediente indica que al incremento que se produjo del presupuesto final, del 4,96%, se suman las patologías halladas en el 2012. El Ayuntamiento detectó «irregularidades importantes en las obras», por lo que en el 2014 inició un procedimiento de responsabilidad por «vicios ocultos». El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha dictado una sentencia que achaca los defectos al contratista, pero también al proyecto, que «adolecía de un estudio previo del terreno», tenía «déficits objetivos de planimetría» y no estaba adaptado a la normativa. El fallo alude también a un «defecto de cálculo en la estructura».
Más de 36 años/ Otra de las sentencias abordadas ayer llama la atención por el tiempo transcurrido desde el hecho reclamado, más de 36 años. El TSJA estima un recurso de un trabajador que reclama la regularización de las cotizaciones sociales entre 1981 y 1983.
