El concierto de Ricky Martin se autorizó pese a que Vía Pública advirtió en varias ocasiones de que no era correcta la forma de proceder de la empresa promotora. La asesoría jurídica defenderá los intereses del Ayuntamiento en la reclamación de 103.000 euros que le hace la SGAE por el concierto celebrado el 1 de septiembre del 2018 y recomendará al equipo de gobierno pleitear. Cabe recordar que el Consistorio no organizó ni cobró las entradas para este recital, que organizó una empresa privada, World Satge Music, en El Arenal, con el apoyo de la Delegación municipal de Turismo. De hecho, la asesoría jurídica recuerda que la actuación se hizo en un espacio de dominio público y no en un edificio municipal, si bien, como ya avanzó el alcalde, José María Bellido, hace unos días el litigio se espera difícil.
La SGAE, por su parte, reclama la cantidad en base al artículo 20 de la ley de propiedad intelectual, en la que se exige el pago de derechos al organizador y en su defecto «al propietario del local». Además, comunicó al Ayuntamiento, en varias ocasiones previas al concierto, la necesidad de abonar la cantidad ahora requerida. Los responsables de Vía Pública reclamaron a los promotores ponerse al día con la SGAE, y, tras recibir la documentación de la empresa, no dieron el visto bueno, pese a lo cual se celebró la gala.
