Rafael Pérez: «Las comisarías en Córdoba se harán, pero hemos de ser realistas»

¿España es un país en el que hemos de dar por hecho que una conversación como esta pueda estar siendo grabada o escuchada?

Espero que no, España es un país en el que se respetan los derechos fundamentales. En lo que a mí me concierne, no. Quiero confiar y confío que no es así.

Pero lo acontecido en los últimos años en la secretaría de Estado de Interior da para una película o para una revisión de los procedimientos de seguridad de la secretaría de Estado que dirige.

Aquí existen unos procedimientos de seguridad, pero que no se aplican por lo que haya pasado recientemente sino simplemente por lo que gestionamos aquí. Se llevan a cabo siempre. Creo que estás haciendo referencia a situaciones pasadas, aquí no se puede entrar con miedo. Cuando llegamos al ministerio, nosotros nos hemos dedicado a lo que corresponde, a la gestión y al servicio a la ciudadanía.

La operación Kitchen será investigada en el Congreso, ¿qué deparará?

Como juez he de manifestar máximo respeto a los procedimientos judiciales y ningún tipo de miedo. Se trata de una etapa pasada. Nosotros con el nuevo equipo y las indicaciones del ministro nos hemos dedicado a gestionar lo que realmente importa a la ciudadanía y, obviamente, máxima colaboración con la justicia y con las comisiones de investigación que puedan realizarse a nivel parlamentario.

¿Esperaban más problemas en Cataluña tras la inhabilitación de Quim Torra y el aniversario del pasado 1 de octubre?

Hablar de problemas quizás no sería del todo correcto, al menos con la comparativa de lo ocurrido el año pasado. Se han producido incidentes, pero de lo que ha quedado constancia este año más si cabe es de la estrecha colaboración que tenemos con los Mossos d’Esquadra. La consejería de Interior de la Generalitat nos lleva a que tengamos buenos resultados. Indudablemente, se han producido incidentes en la calle, pero no han sido incidentes de gravedad ni han supuesto problemas graves.

En julio dijo que deberían ser prudentes con las fechas para la construcción de las comisarías de Policía Nacional en Córdoba. El pleno municipal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, le ha pedido que redacten el proyecto y liciten la obra. ¿Cuándo se hará?

Tengo que seguir siendo prudente. Las comisarías en Córdoba se van a realizar, de eso no tenemos que tener ningún tipo de duda, pero tenemos que ser realistas. El proyecto se lleva arrastrando tantos años que lo tenemos que acomodar a lo que nosotros entendemos que debe ser un modelo policial moderno y que se basa en dos cuestiones: que los agentes desarrollen sus funciones con las máximas garantías y con la mayor comodidad para la exigencia que les pedimos día a día, pero también que lo hagan en las mejores condiciones para dar servicio a la ciudadanía. Eso implica que no podamos gozar con la inmediatez que queremos en los proyectos, pero sin duda y de manera radical sí te puedo decir que las infraestructuras se van a llevar a cabo y cuando podamos hablar de una fecha concreta en la que administrativamente tengamos el proyecto redactado, se vaya a licitar, lo comunicaremos sin ningún tipo de problema.

A una pregunta parlamentaria del PP se respondió hace unos días que el presupuesto bajaría de 12 a 6 millones de euros. El diputado socialista Antonio Hurtado dijo que eso era una errata. ¿Es una errata?

La inversión dependerá del tipo de proyecto que se vaya a realizar. El tipo de proyecto y de infraestructura podrá exigir un tipo de inversión u otra. Aquí tenemos un proyecto de infraestructuras que se aprobó el año pasado con una visión a siete años vista y en este proyecto se incluyen las pensadas para Córdoba. Pero ese proyecto es dinámico y se tiene que acomodar a las necesidades reales del modelo policial. Si se trató de una errata o si se habló de una inversión mayor vamos a dejarlo para el momento en el que podamos hablar de la concreción de los proyectos.

Se lo pregunto de otra manera: ¿esos seis millones son suficientes para construir esas dos comisarías?

En otras zonas, determinadas consideraciones previas que se habían tenido para la construcción de comisarías y cuarteles de acuerdo a las necesidades iniciales y a los protocolos de necesidades básicos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando se han ido a concretar en algunas ocasiones se han quedado cortos y en otras se ha necesitado de una mayor inversión. Hablar de inversiones concretas sin tener el proyecto finalizado sería un error. Vamos a hablar de la inversión y de lo que va a suponer el proyecto en el momento en que lo tengamos establecido.

El protocolo que se firmó para este tema fue en febrero del 2018. En unos meses llegaremos a los tres años. ¿Cómo le explican al ciudadano que estos temas se eternicen?

Primero porque los procedimientos administrativos tienen que cumplir una serie de garantías que evitan problemas a futuro y que suponen que se enlentezca. En segundo lugar, siempre llevamos adelante una multitud de proyectos, siempre hay unas razones por las que hay más urgencia en unos u otros de acuerdo a las necesidades. No quiero decir con esto que las necesidades de la Policía Nacional de Córdoba no tengan que ser de urgente atención, pero por desgracia se ven afectadas por estas cuestiones. Y por supuesto, cuando supone la intervención de distintos actores siempre se generan mayores dificultades. En otros lugares de España también hay otros supuestos en los que no hay problema con el suelo, pero por desgracia no se han llegado a materializar o, llegando a materializarse y viéndose afectados por cuestiones ajenas a la voluntad de la gente que lo está llevando a cabo, pueden quedar obsoletos para aquella finalidad que se buscaba porque el modelo ha cambiado o porque las exigencias de la ciudadanía o de seguridad también lo han hecho.

La ejecución de la partida de 126.000 euros que había para el arreglo de las casas cuartel es baja, del 5%. ¿Qué impide que avance de manera más ágil?

Nos ocurre lo mismo. Siempre vamos a una doble lucha: conseguir la financiación suficiente de quien tiene que otorgarla a Interior y luego dificultades para la capacidad de ejecución, que vienen por los propios procedimientos, las licitaciones y las eventualidades que se producen cuando hay que llevar a cabo una obra. Incluso de las que haces referencia, una casa cuartel, que parecería sencillo: la mera redacción de un proyecto y que se licite públicamente y que se otorgue, por desgracia, la redacción de los pliegos de licitación, los recursos que se pueden interponer por los interesados, siempre se ven afectados este tipo de procedimientos. Muchas veces son complejidades del propio derecho administrativo.

¿La equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será un asunto zanjado con el ingreso del tercer tramo previsto en noviembre?

Nosotros entendemos que sí, que con el ingreso en nóminas de policías nacionales y guardias civiles, que ya estamos a mitad de octubre y espero y deseo que podamos cumplir que se pudiera hacer visible en la nómina de noviembre, podamos dar por terminada la cuestión de la equiparación salarial. Obviamente, y es entendible, desde asociaciones y sindicatos entienden que es necesaria alguna reunión para limar algunos aspectos específicos. Nosotros estamos dispuestos a tener los contactos suficientes, pero con el pago de noviembre que esperemos y deseo que se haga en noviembre y que lo vean los policías y guardias civiles terminaremos con ese reparto de los 807 millones de euros que van a quedar ya en las nóminas. Hay que recordar que es un incremento de casi el 20% en las nóminas.

¿Cuáles son los principales problemas de seguridad que hay en España?

Más que problemas yo hablaría de preocupaciones. En comparación con nuestro entorno, tenemos unos índices de criminalidad positivos. Igual que los de Andalucía son inferiores a la media española y los de Córdoba inferiores a la media andaluza. Sí supone una preocupación el tema de la migración irregular. Nosotros lo tenemos enfocado desde un punto de vista de seguridad, pero ello no tiene que obstar para que también tengamos un punto de vista humanitario desde la Secretaría de Estado de Interior. Pero desde subsecretaría llevan todo el ámbito de asilo y refugio y luego tenemos al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones que tiene competencias específicas en atención a los migrantes que llegan a España. Para mí es una preocupación por lo que supone el esfuerzo diario de lucha contra la migración irregular, pero también por lo que supone el verdadero problema: las mafias de tráfico de personas. La criminalidad que sí está vinculada a la migración irregular es la criminalidad organizada que se dedica al tráfico de personas, nada más. Además, siempre tenemos que estar atentos a la cuestión del terrorismo. No paramos de realizar detenciones por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, por lo que implica que estamos atentos y que tenemos unos servicios dedicados a ello y existe una buena coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con otros países para evitar que se produzca ningún tipo de ataque terrorista.

¿Se ha producido un incremento de las ocupaciones en los últimos años?

Entendemos que ha habido un mayor ruido mediático que situaciones susceptibles de exigir intervención policial y judicial. En los primeros seis meses de año, se había producido un incremento del 5%, un incremento que no es a considerar sobre todo si lo ponemos en relación al incremento que se venía produciendo desde el 2016, en el que era de más de un 15%. Por números no era una situación alarmante, pero además si diferenciamos los tipos específicos, la alarma sería menor. Porque, ¿qué es lo que ha generado alarma a la población? Lo que algunas compañías decían en sus anuncios: si te vas de vacaciones te ocupan la casa. Ahí estamos hablando de allanamiento de morada, no estamos hablando de un delito de usurpación, que era una de las diferencias claras . En el allanamiento de morada, si alguien entra en tu vivienda, estamos hablando de delitos en los que el bien jurídico protegido es la inviolabilidad de tu domicilio y que, por tanto, la actuación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado era inmediata.

¿Y quién tiene interés por enviar este mensaje de que el problema es mayor del que demostrarían esos datos?

Es un análisis que no me corresponde a mí, pero creo que hay que atender a las cuñas publicitarias para verlo. También, supongo, y no soy experto, que si en un programa matinal o de tarde hacen una conexión de un problema con una ocupación y la audiencia se incrementa pues, obviamente, tenderán a tratar el tema. Y es comprensible, pero los datos nos dicen otra cosa. Y lo que hemos hecho en la instrucción que establece el protocolo a seguir para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es que hay que diferenciar entre allanamiento y usurpación. En el primero hablamos de la inviolabilidad del domicilio y la actuación va a ser inmediata. Y en el segundo, del derecho de propiedad que también hay que proteger, pero puede haber intereses en conflicto que tienen que ser analizados por la autoridad judicial con mayor detenimiento. Como estimábamos que la seguridad es una cuestión objetiva, pero también subjetiva de percepción de la sociedad, fue lo que nos llevó a que dictáramos nuestra instrucción con la que pretendíamos mejorar y unificar la actuación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y dejarles clara la diferenciación entre tipos penales y, por ende, diferenciación de las actuaciones policiales, y mejorar la redacción de los atestados si cabía para que cuando se enviarán a la autoridad judicial tuvieran el máximo de información para que, si no se había podido realizar una actuación inmediata, la autoridad judicial tuviera toda la información desde el inicio. Sin olvidar las situaciones de vulnerabilidad de algunas personas que pudieran estar realizando algunos de estos tipos de ocupación y de allanamiento.

¿Es suficiente esa instrucción para cambiar la percepción social?

La percepción social es muy difícil de cambiar si, sobre todo, la tendencia por parte de la sociedad es prestar atención a este tipo de cuestiones porque resultan atractivas. Pero la coordinación con Fiscalía del Estado es buscar una mayor eficacia y que cambie la percepción de la sociedad respecto a este tipo de tipos penales, si no no la habríamos dictado. Los debates sociales tiene una ventaja: hacen que se actúe con la ley en la mano, pero siempre con una mayor valentía por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad refrendada por las indicaciones de la Secretaría de Estado, la Fiscalía General del Estado y los jueces.