"Estoy bien, no os preocupéis". Con estas palabras, sonriente y aparentemente tranquilo, ante una enorme expectación mediática, llegó a los juzgados de Córdoba el empresario y exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) Rafael Gómez, que se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública por impago de unos 60 millones de euros en impuestos. Gómez declaró que "no sé ni lo que es el IRPF" y añadió que firmaba "lo que me ponían por delante". La Fiscalía ha solicitado para Gómez penas que suman 44 años de prisión y acusa también a sus cuatro hijos por ocho delitos, pidiendo penas que suman 22 años de cárcel para cada uno. Además, el ministerio público pide una multa para el empresario que podría llegar a 350 millones de euros.

Informe: Rafael Gómez, al banquillo

El juicio, que se desarrollará a lo largo de dos semanas en el juzgado de lo Penal 3, comenzó con la declaración de Gómez y sus cuatro hijos, mientras que a partir del miércoles se escucharán las declaraciones de testigos. El empresario, que solo respondió a las preguntas de su abogado, defendió que "hemos tenido siempre trabajadores en la oficina, confiamos en ellos y pensamos que era lo justo y así lo sigo pensando". En otro momento reconoció que "en ningún momento " se reunió el consejo de administración de su grupo empresarial, para añadir que "la gente de la oficina y los asesores llevaban las cosas". Sobre las auditorías de cuentas, Rafael Gómez señaló que "en ningún momento me metí en eso" y resaltó que "no lo comprendo ni me entero".

Reiteró que "mi cometido era trabajar, pero nunca me he metido en cosas de oficina" y negó que fuera advertido de irregularidades en la contabilidad ni en la tributación. "Ni lo hice ni sé de lo que se está hablando. No entendía nada de eso", remató.

También se tomó declaración a su hijo Rafael, que siguió la misma línea que su padre. "Confiábamos en las personas" que trabajaban en la oficina y resaltó que "firmábamos lo que nos ponían por delante". Apuntó que "hacíamos lo que nos decían los profesionales".

Otro de los hijos del empresario, Manuel, señaló que ""mi padre buscaba los negocios y el tema fiscal lo llevaban los asesores", mientras que su hermano José María destacó que Rafael Gómez "delegaba todo en los especialistas. Él no se mete en nada: confía en las personas y delega". Ester Gómes, hermana de los anteriores, reconoció que "nunca hubo reuniones del consejo de administración". Por último, la esposa del exconcejal no quiso declarar y argumentó que "no voy a repetir lo que dije" durante la fase de instrucción de la causa y se ratificó en su declaración en el juzgado que investigó este asunto.

La siguiente semana comenzará con los peritos y el jueves 26 está previsto que se presenten las conclusiones.

Los delitos se cometieron supuestamente entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF.