El empresario cordobés Rafael Gómez se encuentra ya en libertad condicional, según ha confirmado a este periódico su abogada Pilar Torres. El juzgado de vigilancia penitenciaria de Córdoba le ha concedido la libertad condicional anticipada por su edad. Rafael Gómez se encontraba en el tercer grado penitenciario desde el 4 de marzo del 2019, cuando abandonó la prisión de Alcolea. A partir de entonces solo ha tenido que acudir al centro de inserción social (CIS) ubicado en Las Quemadas para dormir. En mayo del 2019, el juzgado que le ha concedido ahora la libertad condicional se la denegó, después de que la Fiscalía se hubiese opuesto.

El conocido empresario y fundador del partido Unión Cordobesa, con el que fue principal fuerza de la oposición en el mandato 2011-2015 en el Ayuntamiento de Córdoba, entró en la cárcel el 4 de diciembre del 2017. La Justicia le encontró responsable de dos delitos contra la Hacienda pública con los que dejó de abonar unos 29 millones de euros mediante los impuestos de dos empresas. Así, se le impuso una condena de cinco años y tres meses de prisión; el pago de la citada cantidad como responsabilidad civil y el abono de una multa de 112 millones de euros.

En el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria número 8 de Andalucía se estima la libertad condicional anticipada despíes de haber cumpulido ya más de la mitad de la pena y al considerar que Gómez tiene en la actualidad 76 años. Asimismo, el juez tiene en consideración que se encuentra abonando el 100% de sus ingresos y que se tiene la garantía de los embargos realizados sobre sus bienes, tanto por el juzgado de instrucción número 3 de Córdoba y el juzgado de lo penal, como por la Agencia Tributaria.

Hasta la obtención de la libertad definitiva, Rafael Gómez tendrá la obligación de residir en su domicilio de Córdoba y deberá comunicar un cambio del mismo que tendría que serle autorizado. Asimismo tendrá que comunicar los desplazamientos fuera de la provincia, pero dentro del territorio nacional, mientras que las salidas al extranjero tendría que autilizarlas en todo caso el propio juzgado. Además, tendrá que personarse en el CIS de Córdoba con la periodicidad que se le solicite y abonar mensualmente las responsabilidades civiles impuestas en cantidades proporcionales a sus ingresos. Por último, tendrá la obligación de mantener hasta el final del proceso buena conducta. Contra el fallo pueden interponerse recursos.