Si alguien pensaba que los terrenos en los que se encuentran las naves de la antigua Colecor, que el empresario y exconcejal del Ayuntamiento, Rafael Gómez, construyó sin licencia hace quince años, no iban a interesar a nadie se equivocaba. La subasta del suelo en el que están las naves que, como adelantaba este periódico hace una semana, se había iniciado con su publicación en el BOE, tiene participantes. De momento, y según se puede comprobar en el portal de subastas oficial, la puja más alta es de 6 millones de euros. Ahí no aparece si hay alguna puja más o es la única, ya que el portal de las subastas electrónicas solo refleja la más elevada de las que se hayan presentado hasta el momento.
Los datos se van actualizando constantemente y en la misma página se puede observar el tiempo que resta para que acabe el plazo para la presentación de ofertas. Desde este viernes, quedan doce días para que los interesados en comprar estos terrenos digan cuánto están dispuestos a pagar por ellos. Quien adquiera las naves se encuentra con una construcción ilegal que ha de regularizar para sacarle partido y debe ser consciente de que tendrá que derribar una parte, posiblemente, la mitad, que es lo que siempre ha pedido la Junta.
La subasta ha sido promovida por el Banco Santander y el precio fijado por los cinco bienes de más de 13 hectáreas que se incluyen en el lote es de 6,2 millones de euros. Todas estas propiedades son terrenos rústicos que se encuentran en la carretera de Palma. Hay que recordar que las naves fueron construidas en un suelo de especial protección de la Vega y que su propietario intentó legalizarlas impulsando un plan especial y un posterior proyecto de actuación, pero ambos documentos urbanísticos quedaron anulados por sentencia judicial.
Más tarde, el plan echó de nuevo a andar pero ya impulsado por la iniciativa pública, el Ayuntamiento, y, aunque tras meses de polémica fue aprobado por unanimidad por el Pleno en el 2012, nuevamente fue recurrido por la Junta y acabó tumbado en el ámbito judicial. En esta segunda versión solo se cuestionaban dos artículos que son los que han sido anulados por el Supremo y que el Ayuntamiento tiene la misión de redactar de nuevo, tarea que debía haber iniciado en el 2017.
El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, ya ha anunciado que su intención es modificar el plan de la mano de la Junta para evitar nuevos recursos. Los dos artículos son los que determinan la superficie que hay que derribar y los usos que pueden albergar las naves. Fuentes explicó la semana pasada que el Santander había ofertado los terrenos a varios promotores y operadores y que estos habían estado realizando consultas en Urbanismo.
El edicto de la subasta del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Córdoba indica que el procedimiento de ejecución hipotecaria es contra Mezquita Sur Inversiones, Arenal 2000, Arenal 2001, Rafael Gómez, Dolores Serrano y Grupo Prasa, a los que el Banco Santander reclama 7,2 millones en concepto de principal (de los que 6,2 corresponden a capital de préstamo, 990.350, a intereses ordinarios y 36.841, a intereses de demora), más 2 millones de euros en concepto de gastos y costas.
En el edicto aparece un informe con las cargas que pesan sobre las naves, aunque data del 2013. La finca se encuentra gravada por varias hipotecas del Banco Popular, del Banco de Castilla, del Banco de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba; por anotaciones preventivas de embargo del Juzgado de Instrucción número 3, del Ayuntamiento y de Hacienda; y por anotaciones preventivas de incoación de expediente de disciplina urbanística.
No hay que olvidar que sobre las naves pesa una multa de 20 millones que con intereses y recargos va ya por los 30 y que el Ayuntamiento no está entre los acreedores preferentes.
