El coordinador de Economía y Empleo del PSOE de Córdoba, Manuel Aguilar, y el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruíz Almenara, han mantenido hoy un encuentro con el secretario general de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, para valorar la reciente firma del convenio provincial del campo para Córdoba.
Manuel Aguilar ha hecho hincapié en que el gran reto del convenio del campo es el cumplimiento del mismo que afecta a 70.000 trabajadores en la provincia, derivado de que la relación laboral no se presta en un centro de trabajo permanente de fácil de localización, sino todo lo contrario.
Ante esta circunstancia Aguilar ha indicado que el PSOE mantendrá contactos con las diferentes administraciones para que se impliquen en darle contenido a la figura del delegado provincial establecido en el convenio del campo que permita la protección de aquellos trabajadores que no tienen representación sindical legal
Por su parte, Pedro Téllez ha expuesto que el texto del convenio, entre otras cuestiones importantes, establece la figura del delegado provincial que tendrá las funciones de supervisar la aplicación del convenio colectivo en aquellas empresas donde no existan representantes de los trabajadores legalmente elegidos.
Así como que los sindicatos están trabajando en el establecimiento de la Tarjeta Profesional Agraria (TPA) que permitiría dignificar el trabajo en el campo a través de incrementar la cualificación profesional, lo que a su vez aportaría valor añadido a las empresas al contar con personal con mayor nivel de formación en las diferentes actividades agrarias.
El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno de España constituya urgentemente la Comisión de seguimiento del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, contemplada en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, cuyo objetivo es incentivar la estabilidad en el empleo, la mayor duración de los contratos, y la mayor utilización de los contratos fijos discontinuos, así como para evitar un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.
