La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, presentó ayer en la Subdelegación del Gobierno un escrito en el que se solicita al Gobierno de la Nación que «no se recurra en los tribunales la medida aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sobre medidas para conciliación laboral y familiar y la recuperación de los derechos de los empleados municipales». Es decir, el acuerdo plenario que recuperaba las 35 horas laborales para los empleados municipales. González señaló que el PP «desde que llegó a la Moncloa ha ido ejecutando una voladora programada de los ayuntamientos, nos ido robando autonomía y nos ha ido quitando las posiblidades de prestar los servicios que tenemos que prestar». Explicó la concejala que desde que entró en vigor la ley 2/2012 «han sido 142 personas las que ha decrecido la plantilla del Ayuntamiento», lo que según González tiene una repercusión en la calidad del servicio que se presta.

Por otro lado, recordó que los ayuntamientos son las entidades más cumplidoras en materia de estabilidad presupuestaria, por lo que «no somos los causantes de la deuda pública de este país y pedimos que se nos devuelva nuestra autonomía para que así también podamos contratar a personas que sirvan para aliviar el esfuerzo que los trabajadores municipales están soportando durante este tiempo».

Se quejó también la concejala de las limitaciones legales a la tasa de reposición, motivo por el que se pide el respeto al acuerdo plenario para volver a las 35 horas. Así, el grupo socialista justifica esta petición «en la necesidad de que los ayuntamientos puedan tener autonomía suficiente, previo control del gasto, para contratar al personal que cubra los servicios esenciales, prioritarios y básicos que tenemos que prestar a la ciudadanía».

Así, en el escrito se pide al Gobierno «la derogación de la disposición adicional, en la que fija la jornada general de trabajo en el sector público, siendo ésta no inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual» y se reclama que «se supriman las limitaciones de la tasa de reposición impuestas a los ayuntamientos a partir del año 2012, para que aquellos que controlen el gasto y presenten equilibrio presupuestario puedan prestar de manera digna los servicios municipales esenciales, prioritarios y básicos que merecen los ciudadanos».