Las ordenanzas fiscales podrían ser nulas al no haberse resuelto todas las alegaciones que se han presentado y no incluir un informe de fiscalización de la Intervención General. Eso es al menos lo que el PSOE cree y por lo que ha solicitado un informe al secretario municipal. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), por contra, tacha de «irresponsable» a los socialistas al avanzar unas conclusiones que «nadie les ha dado» porque «parece que les duele bajar los impuestos». «Las ordenanzas no corren peligro, lo que corre peligro es España», zanjó asegurando que cuentan con todos los parabienes formales.

El expediente de impuestos y tasas municipales del 2020 se aprobó con los votos favorables de PP, Cs y Vox en el Pleno el pasado 27 de diciembre, y con el apoyo de una diligencia del jefe del departamento de Gestión, que sostenía que la interventora ya informó de manera favorable sobre las ordenanzas para el pleno de aprobación inicial, celebrado en noviembre, por lo que no era necesario, a su juicio, un segundo informe. De declararse nulas las ordenanzas, tendrían que suspenderse al menos cautelarmente y no podría cerrarse tampoco el presupuesto del 2020, que calcula sus ingresos en base a lo que el Ayuntamiento espera recaudar en impuestos y tasas (8 millones menos que en el 2019).

Los socialistas tienen dudas de la legalidad del expediente, por lo que han acudido al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, para que se pronuncie sobre el documento fiscal, que entró en vigor el 1 de enero. El concejal socialista José Antonio Romero ha informado de que su grupo ha hecho gestiones jurídicas que les permiten asegurar que las ordenanzas podrían ser «nulas de pleno derecho» al haberse aprobado a pesar de no contar con todos los informes. Hay que recordar que los impuestos locales se aprobaron en tiempo (antes del final de año), pero sin el informe de la Intervención, que en un durísimo escrito criticó el escaso margen dado para que pudiera fiscalizar las ordenanzas.

Asimismo, la concejala de IU Alba Doblas advirtió en la comisión de Hacienda y en el pleno que no se habían recogido todas las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial. De hecho, se han registrado 15 más de las que se resolvieron en aquel pleno, donde se inadmitieron 3 y se desestimaron 2. Esas nuevas alegaciones no han sido aún resueltas. Este hecho se ha producido, según la oposición, porque el plazo de alegaciones se cerró el día 19 y la comisión de Hacienda se celebró un día después, el 20, de modo que no dio tiempo a que llegaran todas. Las alegaciones se pueden presentar en cualquier registro (no tiene por qué ser el del Ayuntamiento), por lo que consideran que debía haber transcurrido más tiempo para que pudieran llegar. Además, también critican que no se pidiera un certificado al resto de administraciones para autentificar que no había pendiente nada de registro, algo que según Doblas siempre se le exigió a ella cuando era edil de Hacienda.