El proceso para reiniciar las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero necesita más informes, lo que repercutirá en el tiempo necesario para retomar los trabajos parados desde hace más de un año. Intervención ya ha emitido el informe que el Ayuntamiento lleva esperando desde agosto sobre el contrato para la redacción del proyecto de lo que queda de obra. La asesoría jurídica había aconsejado que los arquitectos que redactaron el proyecto inicial, Javier Terrados y Fernando Suárez, sean los encargados de modificarlo y de continuar con la dirección de obra aunque el Ayuntamiento haya resuelto el contrato con la adjudicataria, UCOP. De esa forma, el Ayuntamiento no tenía que sacar a concurso lo que resta de proyecto y ganaba tiempo. Además, la asesoría jurídica respaldaba que el presupuesto del contrato firmado con los arquitectos se incremente un 9,91%, aumentando en 79.995 euros, por los cambios que deben realizarse y por las actuaciones que han de acometer durante la obra, pero hacía falta el dictamen de Intervención, que pide la «suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen las incidencias» o se resuelva la discrepancia.
Intervención emite un informe en el que muestra su «disconformidad» con la propuesta que le llega, que consiste en incrementar en 79.995 euros el presupuesto de 806.858 por el que el PP adjudicó en su mandato el proyecto. Aunque admite que hay crédito presupuestario para ello, pide documentos que acrediten que existen recursos para financiar ese gasto, como un informe del servicio que promueve la contratación. Además, solicita un reajuste de las anualidades en las que se repartió el coste del contrato original y no solo de la cantidad en la que se va a incrementar, para lo que hará falta otro informe y nuevos trámites. Otra petición es un informe de la responsable del contrato (una arquitecta de Urbanismo) que aclare por qué hay que modificar el proyecto e incrementar su coste para finalizar unidades de obra ya contempladas en el documento original o poner en funcionamiento otras ya realizadas y que están a la espera de la ejecución de las que faltan. También demanda aclaración sobre por qué las mejoras que estaban incluidas en el proyecto original se eliminan como tales y se suman como parte esencial del mismo. Por último, Intervención exige un informe que aclare las modificaciones que se pretenden introducir en base a una propuesta realizada en noviembre del 2016.
Uno de sus argumentos es que no ve procedente modificar un contrato de servicios para cambiar un proyecto que ya está concluido -el que realizaron los arquitectos, porque lo que falta es la obra-, a pesar de que reconoce que la dirección de obra está ligada a la misma. Ante las «dudas» que le genera esta situación, se plantea que quizá «hubiera sido más procedente la licitación de este nuevo servicio de redacción de un nuevo proyecto». No obstante, la asesoría jurídica deja claro en su informe que lo más adecuado es que los arquitectos modifiquen el proyecto y sigan con la dirección de la obra.
Intervención recibió el expediente el 14 de agosto y tenía diez días para pronunciarse, plazo que ha sobrepasado. El servicio reconoce que el documento se emite fuera de plazo, hecho que justifica por «la carencia de medios personales». Es más, afirma que «se ve imposibilitada, con los medios de que dispone, para ejercer las funciones de control interno propias de un municipio de gran población».
Claves:
La resolución del contrato, en marzo
El Ayuntamiento acordó la resolución del contrato con UCOP en marzo por los incumplimientos de la misma en relación a la obra.
La liquidación se produce en mayo
La liquidación del contrato se produjo el 24 de mayo y el 13 de junio fue el acta de recepción. Después ha habido varios informes.
El aval de la asesoría jurídica
Antes de licitar lo que queda de obra hay que modificar el proyecto y la asesoría jurídica es partidaria de que lo hagan los mismos arquitectos.
Aún falta sacar a concurso la obra
Lo que queda de la obra que debía estar en julio del 2016, la mitad, debe licitarse. La necesidad de más informes retrasa el proceso.
