En las últimas semanas los funcionarios de la prisión de Córdoba, igual que los de otros puntos del país, han protagonizado diversas movilizaciones reclamando mejoras salariales y de condiciones laborales. Este es uno de los asuntos que preocupan a los empleados públicos de un centro penitenciario que registra otras situaciones que, con relativa frecuencia, se suelen poner en el candelero.

La capacidad

Uno de los asuntos recurrentes siempre que se habla de la centro de Alcolea es el de la masificación de reclusos. Consultados los distintos sindicatos que tienen representación en el recinto carcelario, todos coinciden en señalar que el del exceso de internos es un problema permanente, aunque reconocen que no a los niveles de hace unos años, cuando el recinto acogía al doble de personas de las que tenía capacidad. La cárcel de Córdoba está diseñada para un total de 1.008 internos. A razón de uno por celda, según el diseño inicial. En la actualidad acoge a 1.300, lo que supone un 30% más de lo que sería recomendable. «Hubo momentos en que había 2.000 reclusos», indican los sindicalistas. Se esperaba que con la apertura de la nueva prisión de Archidona se aliviara un poco esta situación, pero no ha sido así, indican. Este exceso de perinternos tiene, explican, una repercusión directa sobre la calidad de la asistencia porque la ratio de internos por funcionario (o trabajador) aumenta, con los consiguientes problemas de prestación de servicios y también de seguridad para los profesionales.

La plantilla

Íntimamente ligado con el anterior asunto está el de la plantilla que presta sus servicios en el recinto. Una de las reivindicaciones que mantienen los sindicatos es la de cubrir las vacantes que existen en el centro. Según apuntan desde CSIF, en la última relación de puestos de trabajo se recoge una carencia de 60 empleos. Es decir, actualmente prestan sus servicios en el recinto penitenciario de Córdoba unos 440 trabajadores, cuando las necesidades reales indican que deberían ser unos 500. En total hay una carencia del 15% de las necesidades reales, cifra que se corresponde con la que se contempla en todo el país, apuntan desde el sindicato Acaip.

A esta situación se une, añaden desde CCOO, el envejecimiento de la plantilla, ya que en dos años más del 25% de los empleados públicos que prestan sus servicios en este recinto superarán los 57 años, «una edad demasiado elevada para este tipo de trabajo». Completan los datos desde el sindicato UGT explicando que, además de no cubrir las bajas, hace cinco años que no se convoca el concurso de traslados. Otro de los asuntos criticados por los sindicatos de prisiones es que se están llevando a cabo externalizaciones de servicios con empresas privadas.

Los salarios

El problema salarial ha sido el que ha sacado últimamente a la calle a los empleados de los centros penitenciarios, entre ellos los de Córdoba. Desde CCOO se quejan de que hace 11 años que no se revisa el sueldo, pero, además, existen agravios comparativos con otras comunidades autónomas e incluso entre la misma provincia, apostillan desde UGT. En este problema hay distintos puntos de vista desde los sindicatos, Así, desde CSIF se reivindica que se equiparen los sueldos de los funcionarios de prisiones a los de comunidades como Cataluña o País Vasco, como se ha hecho con los cuerpos de la Policía y Guardia Civil. Las otras organizaciones han creado una plataforma en defensa de la equiparación salarial entre todos los centros. La máxima que defienden estos sindicatos es la de a igual responsabilidad o categoría profesional, igual sueldo, algo que, aseguran, no se cumple en la actualidad. Y todos coinciden en reivindicar una promesa del Gobierno de hace tiempo, que era la de cambiar la categoría de los trabajadores de C-1, cuyas funciones y sueldo deberían ser de administración por otro escalafón (el B) que reconozca realmente el nivel de cualificación.

La seguridad

En el aspecto de la seguridad, todos los consultados reconocen que se ha mejorado algo, y son menos los casos de agresiones físicas que se registran, pero también se quejan de que se ha cambiado el protocolo de la tipificación de los casos, pues un insulto ya no se considera agresión, ya que cualquier ataque sufrido por los empleados para ser considerado como tal debe ir acompañado de un parte de lesiones. Por ello, hay sindicatos que reclaman que a estos trabajadores se les considere agentes de la autoridad. Aún así, todos los sindicatos reconocen que si no se dan más casos y se ha ganado en seguridad es fruto de la gran profesionalidad de los trabajadores.