El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, afirma que «lo verdaderamente democrático es cumplir la ley», en respuesta a las críticas realizadas por el gobierno local tras conocer que le exigen retirar la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos. El concejal de Recursos Humanos, David Luque, lo ha calificado como «injerencia en la toma de decisión del Ayuntamiento». Primo Jurado explica que «le hemos pedido que retire esa medida porque no queremos llegar al pleito», y es que el Gobierno entiende que la Administración local no es competente para fijar normas en este ámbito.
El subdelegado asevera que «lo único que hemos hecho es aplicar la ley ante una medida dudosa, que incluso el secretario del Pleno municipal ya la había puesto en duda, se la hemos pasado a la Abogacía del Estado y esta ha actuado con criterios técnicos y legales». El gobierno local ha anunciado que enviará esta resolución al gabinete jurídico y a los órganos municipales para conocer las opciones que se le plantean, y el subdelegado insta a «que nos envíen lo que consideren oportuno, nosotros lo remitiremos a la Abogacía del Estado y si sigue considerando que se vulnera la ley, estamos aquí exclusivamente para cumplirla».
En cuanto a la valoración que grupos municipales en el Ayuntamiento de Córdoba realizan sobre esta situación, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, precisa que las 35 horas semanales «entendíamos que eran un derecho adquirido», aunque su implantación «se está haciendo sin una hoja de ruta clara, especialmente en empresas como Aucorsa». Blázquez coincide con David Luque en que con las medidas que se están adoptando desde el Ejecutivo central «lo que se pretende es la privatización y que los ayuntamientos queden reducidos a la mínima expresión», y subraya que «no sé si habrá que empezar a plantar cara».
De otro lado, el concejal de Unión Cordobesa, Rafael Serrano, hace hincapié en que «el equipo de gobierno sabía que esta medida no era legal» y destaca que «estamos de acuerdo en una jornada de 35 horas, pero cuando se pueda». Serrano señala que «el equipo de gobierno no debe olvidar que subcontratar temporalmente genera empleo en el sector privado, que también es su obligación preocuparse por todos los cordobeses».
El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, alude a la valoración realizada por el gobierno municipal para afirmar que «acusar al Gobierno central de querer estrangular al Ayuntamiento por impedir la aplicación de una medida que considera ilegal tiene unos tintes demagógicos inaceptables». Dorado cree que «habría que buscar el consenso con el resto de administraciones públicas a la hora de determinar la jornada laboral» y reprocha al equipo de gobierno que no haya realizado una aditoría municipal, como acordó con este grupo. El portavoz del PP, José María Bellido, declina valorar este nuevo enfrentamiento entre los gobiernos local y estatal.
