La Bolsa Única Común de contratación de personal laboral temporal de la Junta ha registrado en Córdoba 67. 097 solicitudes, el 12% del total de las 558.796 peticiones, que se han recibido en toda Andalucía durante enero y hasta el 7 de febrero.

Según explica la Junta, una vez acabado el plazo de presentación, los ciudadanos podrán seguir actualizando datos, aportando nuevos méritos o haciendo nuevas solicitudes, cuando se quede constituida la Bolsa Única Común, proceso que estará culminado en los próximos meses. Y cada 31 de diciembre la bolsa quedará actualizada. La Junta precisó que Córdoba ha sido la cuarta provincia andaluza, detrás de Sevilla (139.196), Granada (76.310) y Cádiz (70.073), con mayor volumen de solicitudes presentadas y cada aspirante podía presentar méritos para una o varias categorías. De las 41 categorías profesionales que contempla la bolsa, las que han acaparado más solicitudes desde Córdoba son personal de servicios generales (7.299 solicitudes); personal de limpieza y alojamiento (5.238); auxiliar de instituciones culturales (4.019); personal de oficios (3.741); educador de centros sociales (2.922); conductor (3.152); educador (3.176); monitor escolar (2.743); auxiliar sanitario (3.307); personal asistente en restauración (2.802); auxiliar de enfermería (2.186); oficial de segunda oficios (2.068); encargado (2.051); corrector (2.036); educador infantil (1.824) o técnico superior en educación infantil (1.809).

Los requisitos para formar parte de la bolsa única son tener la nacionalidad española o de algunos estados a los que se refieren en el Estatuto Básico del Empleado Público, además de extranjeros con residencia legal en España; haber cumplido 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación; poseer la titulación académica, certificado de profesionalidad, experiencia profesional o formación laboral que se indica para cada categoría profesional. La bolsa única reserva un cupo no inferior al 10% de las contrataciones a ser cubiertas por personas con discapacidad; un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental, con discapacidad igual o superior al 33%.