Todos queremos consenso, pero mejor muévete tú. El anunciado cambio de nomenclatura de una serie de calles de la ciudad, a cuenta de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de Memoria Democrática de Andalucía en Córdoba, mantiene abierto un debate político, histórico, jurídico y sentimental que ayer dio la cara en público, ante un aforo de decenas de personas, donde se hizo visible lo enconadas que están las posturas pese a los deseos de consenso expresados por todas las partes. El Círculo de la Amistad abrió su mesa redonda para dar cabida, de la mano de la tertulia gastronómica y cultural La Crátera, a un intenso cruce de argumentarios sobre la aplicación de tal medida planteada por el Ayuntamiento a propuesta de una comisión creada al efecto. Argumentos que, como suele ocurrir en estos casos, solo convencieron a quienes estaban convencidos de antemano.
Solo tres de los partidos representados en el plenario municipal estaban invitados al debate: PP, PSOE e IU, por lo que acudieron sus portavoces, José María Bellido, Emilio Aumente y Alba Doblas. Y para equilibrar la balanza, el profesor emérito de la Universidad de Córdoba José Javier Rodríguez Alcaide. El miembro de La Crátera Luis Vázquez actuó como moderador del encuentro.
A simple vista, Bellido, arropado, entre otros, por todos sus concejales, jugaba en casa, lo que llevó al respetable a aplaudir cada una de sus intervenciones. Cabe suponer que otro gallo hubiera cantado con los mismos ponentes ubicados en un espacio distinto. En cualquier caso, Vázquez abrió la discusión con una pregunta: ¿Por qué y para qué cambiar el callejero?
La postura de IU, representada por Doblas, quedó meridianamente clara desde el principio. «Se trata de una cuestión de justicia histórica», explicó, «que estaba pendiente desde la Transición, cuando se aprobaron una serie de leyes que acabaron favoreciendo lo contrario de lo que se pretendía, la impunidad de quienes habían ejercido la represión». Doblas recordó que en los años 2007 y 2017 se aprobaron dos leyes de memoria histórica de ámbito nacional y autonómico que estaban pendientes de aplicarse en Córdoba y que los cambios de nomenclatura vienen a cumplir tal mandato, resultado de la comisión creada para emitir un dictamen sobre lo que se debe hacer.
El portavoz socialista, Emilio Aumente, se mostró más ambiguo y aunque defendió que «las leyes están para cumplirlas», intentó «desdramatizar» y evitar que el debate se centrara en las 3 o 5 calles (según a quién se pregunte) que han abierto la polémica, principalmente, Vallellano, Cruz Conde y Cañero.
Bellido, en nombre del PP, defendió la aplicación de la ley aunque no la interpretación realizada en cuanto al callejero, asegurando que se ha realizado «una interpretación extensiva» y defendiendo que aunque hay casos evidentes como la calle General Franco de Alcolea, los nombres a debate no lo son tanto, ya que, en su opinión, «no se pusieron para exaltar el franquismo» y sí por otros méritos como el «ser muy buen alcalde» o «haber donado los terrenos donde se construyó el barrio de Cañero». Y dijo más: «A esos hombres no se les puede recordar como golpistas o asesinos porque no sería justo». El portavoz popular recordó que el 95% del dictamen ha sido consensuado y que la cuestión se ha enquistado en tres calles que, para él, «son un ejemplo de identidad de barrio y de ciudad» para muchos, por lo que trascienden a la persona con el paso de los años.
Si alguien estaba llamado ayer a ofrecer un contrapunto (para bien o para mal), ese fue José Javier Rodríguez Alcaide, que se mostró ofendido por las palabras de Alba Doblas, en lo que él entendió como cuestionamiento del papel de la Transición española y, tras reivindicarse como diputado constituyente, abogó por no hurgar en la historia para que no vuelva a arder, al tiempo que rememoró distintos capítulos de su pasado familiar.
Tampoco hubo acuerdo en torno a quién beneficia cambiar los nombres de esas calles concretas. Mientras Bellido y Rodríguez Alcaide coincidieron en que no beneficia a nadie, Doblas defendió la importancia de «reparar el daño» a las víctimas de un levantamiento militar que dejó en la cuneta justo a quienes defendieron «el orden constitucional del que los españoles nos habíamos dotado». Asimismo, subrayó la importancia de construir un futuro para las nuevas generaciones en el que el callejero sea «un libro abierto de nombres merecedores de un reconocimiento público que perdure en el tiempo», lo que, en su opinión, «beneficia a toda la ciudadanía», por más que pueda causar molestias a los más mayores o a quienes deban realizar ciertos cambios en su domicilio postal o en el gps...
Cada bloque ejemplificó su postura con casos concretos. Mientras Bellido dijo que «en Cádiz a nadie se le ocurriría cambiarle el nombre al teatro Pemán aunque su ayuntamiento no es precisamente del PP», en alusión al cambio del nombre de esta calle en Córdoba; Alba Doblas dijo que «Churchill bombardeó muchas ciudades alemanas y nadie lo pone al mismo nivel que Hitler», en relación con la equidistancia que se pretende sobre las víctimas de uno y otro bando en la guerra. O que «hay nombres que no se discuten en ningún caso» mientras que «a nadie se le ocurriría, por muy buen escritor que fuera, poner una calle a José Bretón».
Rodríguez Alcaide, que no estuvo muy afortunado al aludir a la edad de Alba Doblas como argumento para restar consistencia a su discurso, aludió en su alegato contra de los cambios de nomenclatura la cuestión económica, señalando costes como los cambios de domicilio fiscal que implicarían, algo de lo que últimamente hemos oído hablar mucho en Cataluña.
Para cerrar el debate, trufado de argumentos jurídicos y sentimentales de una y otra parte, los portavoces políticos fueron llamados a emitir algún tipo de conclusión. Fue en ese momento cuando Aumente llamó a «intentar buscar el consenso» y no dejarse llevar por «cuestiones electorales»; Bellido abogó por lo mismo, para lo que recuperó el término de «soluciones creativas», aludiendo a un concepto genérico propuesto y desechado después por la alcaldesa, mientras Doblas pidió a los que abogan por mantener las cosas como están a «ponerse en el lugar de las víctimas, de quienes lo perdieron todo» para entender la necesidad de rectificar, aunque sea con 40 o con 80 años de retraso.
