El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, anunció ayer que el Gobierno central tiene previsto destinar a Andalucía una inversión adicional de 1.088 millones, mediante las trasferencias de financiación, «un dinero con el que pedimos a la Junta de Andalucía que mejore aquellos servicios públicos, con competencia autonómica, que son los que peor funcionan, en concreto educación, sanidad y políticas sociales». Molina destacó que esos 1.088 millones, que forman parte de la campaña #1000 millones, suponen «un incremento del 6%» respecto a las transferencias que el Estado realizó el año pasado a Andalucía, pasando de 17.464 millones a 18.552 millones de euros, y deben servir para que los andaluces dejemos de ser los que tenemos los peores servicios y para que la Junta abandone la confrontación».

La secretaria general del PP de Córdoba, María Luisa Ceballos, precisó que le gustaría que 225 millones de esa «financiación extra» fueran invertidos por la Junta en sanidad, para acabar infraestructuras prometidas por el Gobierno andaluz hace muchos años, destinando 80 millones para concluir el plan de modernización del hospital Reina Sofía; 3 millones a la ampliación del centro de salud de Huerta de la Reina; 20 millones al hospital de Palma del Río y otras cantidades para poner en marcha el centro sociosanitario de Lucena, el centro de alta resolución de especialidades de Priego, la residencia de mayores La Magdalena de Dos Torres y un nuevo centro de salud en Villanueva de Córdoba». En este mismo área, Ceballos expuso que podrían dedicarse otros 40 millones para contratar a 300 médicos y 2.300 profesionales de enfermería en jornada completa en verano.

En el ámbito de la educación, la secretaria del PP cordobés expuso que la Junta podría asignar 50 millones de esta «inversión adicional» que le hace el Gobierno central para instalar aire acondicionado en todos los centros educativos de la región, «y no solo en 8 como ha previsto la Junta en Córdoba», y otros 20 millones para fondos dirigidos a becas de aprendizaje de idiomas o de excelencia académica, así como préstamos de 12.000 euros para estudios de másteres o doctorado. «Otros 350 millones podrían ayudar a eliminar la lista de espera en la Ley de Dependencia, con 2.000 expedientes de casos más graves que están sin resolver en Córdoba. Y otros 353 millones para planes de emergencia social que ayuden a zonas deprimidas como el Distrito Sur de Córdoba», añadió Ceballos.