El grupo municipal del PP exige la paralización del proyecto del tanatorio que la empresa municipal Cecosam pretende construir en el cementerio de San Rafael y denuncia las «presuntas ilegalidades» que detecta en el procedimiento seguido hasta ahora. El portavoz del PP, Salvador Fuentes, asegura que el grupo solicitará un informe al secretario del Pleno y otro a Intervención para saber por qué «se nos ha ocultado» un documento de alegaciones presentado por Tanatorios de Córdoba en noviembre del año pasado y dirigido al Pleno. Además, Fuentes asegura que ese documento dirigido al Pleno «también se ocultó al consejo de administración de Cecosam», lo que puede derivar en «responsabilidades», hecho que considera «muy grave». Además de solicitar los informes, el PP pedirá responsabilidades a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a la presidenta de Cecosam, Mar Téllez.

El PP considera que en la ejecución de este proyecto no se está siguiendo «el procedimiento exigible», ya que si el Ayuntamiento se dedica a la actividad de «tanatorio», que está liberalizada, debe cumplir una serie de requisitos, que, a su juicio, no se dan, lo que califica como «omisión grosera de la norma». Entre esos requisitos están la aprobación por parte del Pleno, la exposición pública, y que no genere riesgo para las arcas municipales.

A todo esto se une, según asegura Fuentes, que el proyecto tiene «un dudoso encaje en el PGOU», que «descarta ese tipo de uso en suelo urbano consolidado», por lo que «se construye donde se prohíbe construir a las empresas privadas». El PP está a la espera de los informes jurídicos y urbanísticos en relación a la licencia.

Por otro lado, el concejal de UCOR, Rafael Serrano, ha pedido que en el próximo consejo de administración de Cecosam se aborde la construcción del tanatorio. UCOR quiere un informe sobre los costes e ingresos de la actividad de tanatorios para verificar su sostenibilidad económica. También pide un informe jurídico de Urbanismo sobre la legalidad de la construcción del tanatorio en el cementerio de San Rafael. Además, solicita un plan de negocio. Serrano afirma que «tenemos que velar por el empleo» público y privado y «no podemos seguir adelante con dudas jurídicas que luego se concreten en una sentencia en contra de la empresa municipal Cecosam después de varios años y con la instalación ya construida, porque las indemnizaciones y las pérdidas serían considerables».