La concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, María Jesús Botella, ha criticado "la política de parcheo e improvisación del gobierno socialista de Andalucía en política social", exigiendo a la Junta "una solución definitiva" para los servicios sociales comunitarios.

A través de un comunicado que recoge Europa Press, Botella ha recalcado que la Junta de Andalucía "en vez de dar una solución definitiva a los servicios sociales comunitarios, incrementando su financiación, apuesta por una política de refuerzos puntuales de personal que no solucionan en absoluto la situación de precariedad ni avanza en el objetivo de la calidad o en la mejora de la atención a los usuarios de los servicios sociales comunitarios".

La concejal popular considera que los 99.000 euros que la Junta destina al Ayuntamiento de Córdoba para la contratación de ocho trabajadores sociales desde septiembre a diciembre es "un parche improvisado que no solucionará el colapso de los servicios sociales comunitarios que desde hace tiempo necesitan una dotación de personal mayor" ya que, a su juicio, las competencias que se les atribuye desde la Junta "no paran de aumentar en los últimos años".

Asimismo, ha afirmado que estos refuerzos, tal y como dice el titulo de la Orden, son para "el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción".

"No es razonable que en vez de dimensionar las plantillas de servicios sociales para que puedan desarrollar con garantías de calidad y eficacia todas las competencias que les corresponden, se opte por contrataciones temporales y esporádicas que tampoco es lo deseable desde el punto de vista de los profesionales a los que se les aboca a la precariedad laboral", ha asegurado Botella.

Solución permanente

Si la gestión de la renta mínima de inserción, regulado por Decreto Ley 3/2017 de 19 de diciembre, le corresponde en parte a los servicios sociales comunitarios, Botella ha manifestado que la solución que se busque tiene que ser "permanente y no temporal".

Así las cosas, la concejal ha considerado el hecho de que la publicación de la Orden el 31 de julio obliga a los ayuntamientos "a preparar las contrataciones de personal durante el mes de agosto para que estén listos en septiembre, con las dificultades que esto supone ya que los ayuntamientos en agosto están bajo mínimos de personal".

Esta Orden de refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción distribuye fondos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones. El total que se distribuirá en la provincia de Córdoba serán 299.683 euros, y esta dificultad para gestionar estos contratos en agosto, a la también diputada provincial María Jesús Botella, le consta que "también la tiene la Diputación Provincial".

Por ello, Botella ha puntualizado que espera que los contratos "puedan estar listos para el mes de septiembre" y que la Junta de Andalucía, para el 2019, aborde "por un aumento definitivo las plantillas de personal de los servicios sociales comunitarios", asó como que prevea "la financiación necesaria para ello".