La negociación del plan de choque, que debe modificar los presupuestos municipales para atender las necesidades generadas por la pandemia en Córdoba, continúa a varias bandas y en varios escenarios. Por un lado, en el ámbito nacional, los alcaldes de la FEMP reclamaron de nuevo al Gobierno central que sean los ayuntamientos los que puedan emplear su superávit (en el caso de Córdoba 22 millones de euros), después de que la ministra María Jesús Montero reiterara la posibilidad de que fueran otras administraciones quienes pudieran hacerlo.

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Los alcaldes del PP, con el de Córdoba, José María Bellido, a la cabeza, aseguraron ayer en el seno de la comisión de Hacienda de la FEMP (de la que el regidor cordobés es vicepresidente) que «no tienen intención de consentir que el Gobierno de Sánchez se apropie de los ahorros de las entidades locales que ascienden a 28.000 millones de euros».

APOYO DEL PSOE/ En esta reivindicación sobre el superávit no están solos los alcaldes y concejales populares. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, hizo llegar al alcalde su apoyo en esta cuestión que trasciende el ámbito local. La edil del PSOE informó también ayer en la junta de portavoces que su grupo adaptará las enmiendas que presentaron al presupuesto municipal para el plan de choque, al tiempo que volvieron a reclamar «un gran acuerdo» por Córdoba.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro García, también confirmó ayer que están trabajando para presentar iniciativas a ese plan de choque, como ya hicieron con el plan de Turismo que se ha desgajado del resto. De momento, el alcalde ha conseguido cerrar los ejes sanitario y social del plan de choque, que incluyen medidas por un importe superior a los 7 millones, pero continúa negociando con la patronal, CECO, y los sindicatos CCOO y UGT un plan de concertación social. En este ámbito cabe destacar el malestar suscitado por unas declaraciones del presidente de los empresarios, Antonio Ruiz, que animó, a raíz de los últimos datos publicados por la EPA, «a suavizar las relaciones laborales». Los sindicatos exigen una aclaración de dichas palabras y amenazaron con abandonar las mesas de diálogo abiertas en torno al plan de choque.