Los portavoces del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, José María Bellido y Andrés Lorite, y el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, han denunciado esta mañana los efectos que tendrá el cambio de la normativa de la ayuda a domicilio aprobado el pasado mes de junio por parte de la Junta de Andalucía. Según Lorite, la media que se pagaba en los municipios de Córdoba por el servicio era de 10,50 euros por hora y se realizaban algo más de 2,2 millones de horas anuales. Tras el cambio de normativa, la Junta abonará un máximo de 13 euros, pero no fija un mínimo. “Hasta ahora, la Junta pagaba a todos los ayuntamientos 13 euros por hora con la condición de que si la adjudicación se hacía por menos el restante se empleara en políticas sociales y en la gestión del servicio”, es decir, recibían hasta 2,50 euros por hora más para programas complementarios que, según Lorite, ahora se van a perder, lo que supone un montante total de en torno a 10 millones de euros recorte.

La situación en el Ayuntamiento de Córdoba es distinta, según explicó Bellido. Y es que, el servicio, que está pendiente de adjudicación, tiene previsto establecer un mínimo por hora de 14 euros para mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso significa que el Ayuntamiento de la capital recibirá 13 euros de la Junta, pero tendrá que afrontar de las arcas municipales el euro por hora restante. En este momento, la factura de la ayuda domicilio municipal asciende a 900.000 euros al mes, en torno a 11 millones al año, con un precio fijado de 13 euros hora. El resto deberá abonarlo el propio Ayuntamiento.

El PP critica además que, si hasta ahora la Junta debía por ley adelantar el dinero de la ayuda a domicilio, algo que según indicaron, no se ha venido cumpliendo, la normativa les libera ahora de esa obligación, estableciendo que antes de cobrar, los ayuntamientos deben justificar los gastos. Esto significa que, por ley, serán los ayuntamientos quienes deban adelantar el dinero destinado a ayuda a domicilio.

El PP reclama ante esta situación que se anule la orden aprobada por la Junta y que se consensúe con los ayuntamientos la normativa a aplicar en la prestación del servicio, teniendo en cuenta los gastos de gestión esenciales que conlleva tal prestación.

De momento, ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía han querido valorar esta normativa.