El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), ha denunciado hoy "irregularidades" y la "nulidad" de dos convenios firmados durante el anterior mandato destinados a alquilar 38 pisos cedidos por dos entidades. Fuentes se ha referido a un acuerdo rubricado con Caixabank el 28 de junio del 2018 y a otro con Sareb el 17 de mayo del 2019, mediante el que ambas entidades cedieron a la empresa municipal Vimcorsa 21 viviendas, en el caso de la primera, y 17, en el de la segunda. Vimcorsa pagaría a Caixabank 75 euros por cada arrendamiento y a Sareb, 125. Según ha subrayado Fuentes, esos convenios se hicieron "a espaldas de todos los mecanismos de control administrativos existentes en el Ayuntamiento y en Vimcorsa y de todos los organismos de decisión que tiene la empresa y de la junta de gobierno". El concejal ha asegurado que "en ninguno de ellos hay informes de los técnicos de Vimcorsa, de la Intervención del Ayuntamiento ni de ningún técnico municipal", por lo que "se firman al margen de la ley con una irregularidad manifiesta y esquivando el control" pertinente.

En el caso de los pisos de Sareb, según ha relatado, que son a los que se refería el alcalde en sus manifestaciones del martes en el encuentro digital celebrado en el centro de visitantes, "de las 17 viviendas que otorga, tres estaban disponibles y 14 estaban ocupadas ilegalmente", hecho que "nos alarma jurídicamente y funcionalmente". En el caso de Caixabank, y según afirma, también había algunas ocupaciones que no ha concretado.

Según el testimonio de Fuentes, Caixabank y Sareb contactaron con él para exigir el pago de las facturas pendientes, que, "por prudencia contable, no se van a abonar porque no podemos pagar dos convenios nulos de pleno derecho" que se "han firmado en un barbecho y por lo que alguien tendrá que dar explicaciones". A juicio de Fuentes, ambos convenios se rubrican "con ausencia absoluta de representación legal porque los firma la presidenta de Vimcorsa, que en ningún caso tiene la representación legal de la Alcaldía".

El concejal explica que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando los dos convenios para ver los efectos legales de esas "irregularidades" y determinar si corresponde a Vimcorsa o al Ayuntamiento rubricar este tipo de acuerdos; y para contar con la fiscalización de Intervención. En cuanto a los inquilinos, Vimcorsa ha pedido un plazo de un mes a las dos entidades para revisar los convenios y que les permitan continuar en las viviendas. Fuentes ha indicado que la empresa estudiará de qué manera se regulariza la situación "porque no podemos poner a esas familias en la calle" y ha garantizado que "en ningún caso se va a cuestionar la situación de los inquilinos". Además, el concejal ha aseverado que Vimcorsa abonará las facturas pendientes "en el momento en que se regularice la situación jurídica". En el caso de Caixabank, la deuda es de un año entero y en el de la Sareb, de los meses de vigencia del convenio hasta ahora.

El informe jurídico al que ha aludido indica que "en la actualidad se está a la espera de determinar los efectos legales de las irregularidades puestas de manifiesto por los servicios administrativos de Vimcorsa", y "si corresponde a la sociedad o al Ayuntamiento la celebración de estos convenios y a resultas de la fiscalización correspondiente por Intervención municipal". En el relato de los hechos del informe leído por Fuentes aparece que esos convenios "se firmaron sin que, ni previa ni posteriormente, fuesen fiscalizados por Intervención municipal, sin ser informados por los técnicos de la empresa ni por técnico municipal alguno, sin tramitarse expediente previo para acreditarse la adecuación de derecho de los mismos y sin acuerdo del consejo de administración de la empresa".

Por todo ello, Fuentes asegura que "van a tener que responder jurídicamente y políticamente los anteriores gestores, tanto el gerente como la presidenta de Vimcorsa", en referencia a Rafael Ibáñez y Alba Doblas. Además, el concejal se ha comprometido a revisar la "política de alquileres y la demagogia barata que hizo el anterior gobierno del Ayuntamiento". Fuentes ha anunciado también que se van a revisar los criterios de adjudicación de las viviendas para que "sean transparentes, rigurosos y por orden de necesidad".

IU PIDE EXPLICACIONES

Las declaraciones de Fuentes han llegado después de que el portavoz de IU, Pedro García, y la concejala de IU Amparo Pernichi, pidieran explicaciones sobre las declaraciones realizadas por el alcalde, José María Bellido, durante el encuentro digital celebrado el martes en el centro de visitantes junto con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás. En el repaso que hicieron de los cien primeros días de gobierno, Bellido dijo que se estaba "revisando algún convenio firmado, supuestamente, para financiar alquileres sociales y donde se estaban financiando alquileres de personas que habían ocupado viviendas", calificando la situación de "muy preocupante". En el encuentro no citó a qué convenio se refería ni con quién.

En una rueda de prensa previa a la ofrecida por Salvador Fuentes para dar detalles de lo sucedido, Pedro García exigió "transparencia", que "el alcalde deje claro de que habla" y que diga a qué se refiere con esas manifestaciones del martes. García calificó las declaraciones de Bellido como "graves" y considera que deben tener "consecuencia". García defendió la actuación llevada a cabo por IU durante la etapa que estuvo al frente de Vimcorsa y la "defensa al derecho a la vivienda".

Pernichi ha dejado claro que "todos los convenios firmados por el Ayuntamiento venían con el visto bueno de todos los órganos, de la asesoría jurídica y de Intervención", por lo que la "acusación es a todos los técnicos que están detrás".

EL CONVENIO DE MAYO

En la comparecencia que tuvo el anterior gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, en mayo para presentar el convenio, en la que estuvo presente también el concejal de Servicios Sociales del anterior mandato, Juan Hidalgo, explicó que de los 17 pisos que la Sareb cedía a Vimcorsa para alquiler social, 14 estaban ya ocupados y que en ellos se iban a llevar a cabo procesos de "regularización", ya que en las viviendas había familias sin contrato o con este vencido.