El Pleno ha dado el visto bueno, con los votos de PP, Cs y Vox, a una moción que insta al Gobierno central a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de la vivienda. La moción, presentada originalmente por los populares, ha dado lugar a un debate denso, con acusaciones cruzadas, sobre el fenómeno de la ocupación de viviendas. El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de defender la moción del PP y ha asegurado que éste es un problema que afecta a todo el país y que altera la convivencia en muchos lugares de Córdoba, como la Carrera del Caballo, Axerquía, Ciudad Jardín, San Lorenzo, Santa Rosa, Huerta de la Reina o Guadalvalle. "El ocupa no es una familia sin recursos, si no mafias que proliferan en las ciudades", ha dicho para distinguir entre "ocupas y ocupas profesionales". El portavoz popular ha abogado por buscar herramientas en el Congreso para "atajar la praxis delincuencial" y encarar este debate "sin complejos", y ha pedido a la oposición no emplear la demagogia.
En similares términos se ha pronunciado la concejala de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha pedido distinguir entre "usurpaciones o ocupaciones con K y las que llevan a cabo las familias vulnerables afectadas por una ejecución hipotecaria" y ha reñido a la izquierda por iniciar un debate al mezclar todo estos conceptos "peligroso porque nos lleva a vías no deseables". Aunque Timoteo ha reconocido que en Córdoba no hay demasiadas ocupaciones ilegales, ha alertado de que el problema es que cunda la sensación de desprotección o de que la ley no se cumple. "Contra la ocupación ilegal no podemos ser tibios", ha dicho para recordar que Cs ha planteado en el Congreso recientemente una proposición no de ley que pedía el endurecimiento de los delitos de usurpación a mano de mafias.
Rafael Saco (Vox), por su parte, ha pedido a la izquierda que aprenda las diferencias entre los delitos de usurpación y de allanamiento y deje de idealizar el movimiento porque no son "Robin Hood". Sobre la ocupación ilegal, ha dicho que es un problema grave y que hay que sacar iniciativas que lo atajen de raíz.
Por contra, desde la oposición han negado la mayor: es decir que este problema sea mayoritario en Córdoba. La socialistas Carmen Victoria Campos considera que PP, Cs y Vox "necesitan crear miedo" e "inseguridad ciudadana" y ha tachado de "irresponsable" lanzar este mensaje de que el Gobierno no protege la propiedad privada. En su segunda intervención, Campos ha subido el tono de sus críticas, lo que le ha valido un enfrentamiento directo con Fuentes, y ha espetado a los populares que "si quieren trabajar para su partido vayan a Génova y limpien las cocinas".
El concejal Juan Alcántara (Podemos) ha reconocido que existen casos pero "generalizar el problema es exagerar" y ha situado la incidencia de las ocupaciones en un 0,02%. De los 25 millones de viviendas que hay en España, en 2019 se produjeron 14.600 denuncias por usurpación en 2019 y solo un tercio eran de propietarios particulares, ha dicho. Para Alcántara lo peligroso es la intención que hay detrás de quienes agitan este debate: "¿Qué hay detrás de esa campaña suya? ¿Crear una ola de pánico?", ha dicho para acusar a PP y Cs de hacerles un favor a las élites y a las entidades financieras. Alba Doblas (IU), por último, considera que traer esta moción al pleno es "una distorsión de la realidad" y se ha preguntado con ironía si se están llevando comisión en el negocio de alarmas.
