Los socialistas no han logrado sacar adelante en el pleno una moción que en puridad era una enmienda a la totalidad de la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo y a quien ostenta la presidencia del organismo autónomo, Salvador Fuentes (PP). La proposición ha quedado en un choque dialéctico sobre la gestión de la entidad sin conclusiones prácticas. El debate no ha permitido profundizar en las carencias de la Gerencia, ni por el formato de las intervenciones plenarias ni por el ánimo de la mayoría de los intervinientes, más preocupados en lanzar y devolver puyas sobre la gestión presente y pretérita del urbanismo en la ciudad.

El voto determinante ha sido la abstención de Vox, cuya portavoz, Paula Badanelli, no ha visto "honesto" apoyar una moción llevada al pleno por quienes son "también responsables" de la situación de la GMU, esto es PSOE e IU, éste último al frente del organismo en el mandato anterior, aunque ha criticado como el resto de grupos municipales "la falta de transparencia" en este área. El socio de gobierno del PP, Ciudadanos, también considera que es "incoherente y cínico" que el PSOE traiga esta moción al pleno, mientras que para el propio Salvador Fuentes no es de recibo exigir lo que "no hicieron ustedes en 4 años".

En su discurso, el concejal socialista, Manuel Torralbo, ha explicado que planteaba la moción no sólo por "no apreciar signos de mejora" en Urbanismo, si no por considerar que "la bola es cada día más grande" en el atasco de licencias y de asuntos en general. El edil ha echado en cara a Salvador Fuentes que no haya impulsado, pese a prometerlo, un auditoría de gestión, la ordenanza de declaración responsable, la innovación del PGOU, un plan de industrialización para Córdoba o la creación del cuerpo de inspección urbanística, y también se ha referido al cambio de postura del PP respecto a Cosmos. "Alguien debería pedir perdón, sean humildes y acepten que se equivocaron", les ha dicho a los populares.

Salvador Fuentes conversa con Isabel Albás antes del pleno. Foto: A.J. GONZÁLEZ Salvador Fuentes conversa con Isabel Albás antes del pleno.

Para quien fue el presidente de la Gerencia en el mandato anterior, Pedro García, el Urbanismo en Córdoba necesita "algo más que una moción, necesita un debate de ciudad", porque ha reconocido que cuando él estaba "había consenso de que no funcionaba, igual que ahora". Al actual responsable, Salvador Fuentes, le ha acusado de promover un urbanismo a la carta, de favorecer a la Iglesia y de carecer de "modelo de ciudad".

En su defensa, Fuentes ha recordado que encontró el organismo en una situación "crítica" y 22 puestos vacantes que están dificultando mucho el trabajo, y que todo empezaba a ir mejor cuando llegó la pandemia. "¿Que hubiese pasado si en su mandato, señora Ambrosio, hubiera habido una pandemia?", se ha preguntado retórico. Además, ha sido muy crítico con su antecesor, Pedro García, a quien no considera con "autoridad moral" para exigirle que pida perdón. "En sus 4 años no han hecho absolutamente nada, bueno sí, hundir a Córdoba", ha asegurado.

La ley Celaá se cuela en el pleno

El Pleno de Córdoba ha replicado el debate planteado a nivel nacional en torno a la nueva ley educativa, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida como ley Celaá, que superó en noviembre el trámite del Congreso y se encuentra ya en el Senado. El gobierno municipal, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, con los votos de Vox exigirán al Gobierno de España que modifique la LOE para "aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar las derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución".

Para la oposición, la moción promovida por los populares es solo un intento de mantener vivo el debate sobre la educación para ganar votos y ha rechazado los argumentos de la bancada de la derecha que ve en la conocida como ley Celaá, "un ataque frontal a la democracia". El debate ha contado con la opinión de Antonio Manuel Guerra, de Escuelas Católicas Cordobesas y miembro de la Plataforma Más Plural, y de Miguel Ángel Montero, Ustea, que han rechazado por distintos motivos la nueva ley educativa.

La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, y el portavoz de IU, Pedro García. Foto: A.J. GONZÁLEZ La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, y el portavoz de IU, Pedro García.

El debate de la educación es un tema recurrente también en el Pleno de Córdoba, aunque por más palabras que gasten los concejales en esas intervenciones nunca se ha alcanzado el consenso.

La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, incluso ha llegado a reconocerlo: "Es imposible ponerse de acuerdo porque tenemos modelos distintos: anteponen los privilegios a los intereses generales", ha dicho. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha respondido que el problema es que la izquierda "tiene que decir a la gente lo que tienen que hacer y nosotros lo que queremos es dar a la gente la libertad para elegir".

Ambrosio ha sido quien más se ha afanado en defender y explicar la ley, un compromiso electoral del PSOE que sucede a la ley Wert que ha estado en vigor tres años, y ha rechazado "el argumentario cargado de mentiras" de la derecha sobre ella.

Ambrosio, igual que ha hecho Amparo Pernichi (IU), ha negado que la intención del gobierno local trayendo esta cuestión al salón de plenos sea promover un debate sobre educación si no activar la polémica y lograr réditos electorales, pero pese a ello ha empleado su tiempo en tratar de explicar la norma. "La educación concertada debe ser subsidiaria a la educación pública", ha dicho Pernichi. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha sido más crítica con la norma, aunque la ha defendido en líneas generales y ha apuntado algunas bondades que a su juicio incluye como la eliminación de las reválidas.

Por contra, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha criticado que sea una ley sin consenso ("la ley Juan Palomo", según el PP o la ley "yo mí me conmigo", según Vox) y ha asegurado que su partido se opondrá a ella "con toda las fuerzas y medidas legales". Además, lamenta que avive "el falso dilema" entre educación pública o privada, "suprime libertades" e impide a elegir el centro que quieren los padres para sus hijos. Para Isabel Albás (Cs), el PSOE "le ha colado a los españoles" esta ley "con nocturnidad y alevosía", por hacerlo durante el estado de alarma, y que "pisotea el castellano". La portavoz de Vox, Paula Badanelli, por su parte, ha defendido la enseñanza de la religión en las aulas y ha considerado que "la obsesión permanente de la izquierda es atacar lo que no entienden".