El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba considera que hay tres supuestos que no tendrán cobertura con la nueva ordenanza elaborada por el equipo de gobierno para agilizar las licencias, por lo que exigió ayer a la Gerencia de Urbanismo que, además de tramitar la normativa, resuelva la situación en las tres circunstancias de las que avisa. Por un lado, están los terrenos afectados por el reglamento del dominio público aprobado hace un par de años, en el que entran de lleno espacios como el Campo de la Verdad, Miraflores, parte de la Ribera, el recinto ferial o los terrenos del plan Arenal de la Fuensanta. Desde entonces, cada obra que se lleve a cabo en una de las denominadas zonas de flujo preferente (en las que el periodo de retorno del agua es de 100 años) o zonas inundables (en las que el periodo de retorno es de 500 años) necesita un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que dificulta la ejecución de los proyectos.

Según aseguró ayer Martín, esta circunstancia afecta a espacios como «la Fuensanta, Santuario, Campo de la Verdad, Cañero, parcelaciones e, incluso, el cementerio de San Rafael», y «no hay ninguna respuesta por parte de Urbanismo de cómo se van a resolver los expedientes que están en marcha». Es más, el concejal asegura que ya «hay informes que dicen que no se pueden hacer sótanos en el Campo de Verdad o Cañero, o que se prohíbe la instalación de garajes o viviendas en la planta baja». El Colegio de Arquitectos de Córdoba ya denunció este problema en junio.

Por otro lado, el PP piensa que hay otras cuestiones que escapan al control de la nueva ordenanza y que siguen sin tener respuesta de Urbanismo. En este sentido, se refirió al casco histórico, donde existen numerosos bienes de interés cultural (BIC), cuyos entornos están también protegidos, por lo que «no se va a poder llevar a cabo» la ordenanza, ya que no podrán tramitarse las declaraciones responsables y, por lo tanto, no podrán agilizarse los permisos, lo que «exigirá un convenio con la Junta para resolver esta situación».

La nueva ordenanza tampoco resuelve la situación de las zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, que, según relató Martín, tienen incidencia en el norte de la ciudad, donde las obras necesitan informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). El concejal considera que esas servidumbres impiden también la tramitación de la declaración responsable.

El borrador de ordenanza fue presentado a primeros de agosto por el presidente de Urbanismo, Pedro García, y por el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. Desde entonces, se abrió un periodo para realizar sugerencias -que ha expirado-, que han hecho arquitectos, aparejadores, ingenieros y constructores. El PP criticó ayer la fecha en la que se ha dado a conocer la ordenanza, que, a su juicio, es «un intento de tapar el fracaso del gobierno por la situación en que se encuentra la concesión de licencias en Urbanismo».