La Policía Local y los Bomberos de Córdoba anuncian movilizaciones. La falta de cobro de los atrasos que el Ayuntamiento les adeuda de conceptos como los sábados o la nocturnidad ha vuelto a caldear los ánimos de estas plantillas que mañana celebrarán una asamblea (a las 18 horas en el Parque de los Bomberos de avenida de los Custodios) para discutir qué pasos dar. De momento, han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno para concentrarse a las puertas de Capitulares el día del pleno y hacer una pitada, que tendrá lugar el próximo jueves. Solo queda descartada la huelga porque en el caso de la policía no la tienen permitida y en el caso de bomberos, la ven inviable porque no podrían llegar a los servicios mínimos.

Los delegados sindicales de Sipbl, Sip-An, SAB y CTA han ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar los motivos de este enfado y de estos retrasos que ascienden a unos 1.200 euros por agente de la Policía Local y a unos 2.000 euros en la plantilla del SEIS y que se derivan del incumplimiento del acuerdo firmado hace dos años en torno al 0,3% de conceptos retributivos como los sábados, la nocturnidad o el tóxico penoso que cobran los bomberos. Además de a policías y bomberos afecta a personal municipal como el de museos, el zoológico o infraestructuras. En total, según los sindicatos, afecta a unas 600 personas, aproximadamente la mitad de la plantilla municipal. De aquel acuerdo, que ha tenido un farragoso trámite, solo se han cobrado cuatro meses por "diferencias interpretativas" del mismo, como reconoció el alcalde, José María Bellido, la semana pasada.

Miguel Martínez, portavoz de Siplb, ha lamentado que este problema se sufra cada cierto tiempo y ha explicado que las discrepancias de criterios radican en el concepto de masa salarial que el gobierno local quiere aplicar solo al personal laboral y ellos creen que debe hacerse extensivo a funcionarios y laborales. El acuerdo firmado con el anterior equipo de gobierno en octubre del 2018 tenía una previsión de coste a 4 años de 1,6 millones de euros. "La cifra varía mucho si se contempla una masa salarial de 1.500 personas o de algo más de 200", indica Martínez. Para el desempate, el Ayuntamiento dijo que acudiría al Ministerio de Hacienda, y los sindicatos han hecho lo propio y también han pedido informes. "Las relaciones están tensas pero no se han roto", ha admitido Miguel Martínez.

Por su parte, Gabriel Merchán, del sindicato SAB, ha reconocido que hoy día "no ven solución al cobro de esas variables" y ha avanzado que está "claro" que los compañeros están animados para llevar a cabo las movilizaciones, porque la situación en el SEIS sigue siendo muy deficitaria en cuanto a personal. En este sentido, ha reivindicado la celebración de unas oposiciones que se resuelvan en 6 meses y que no se amortice ninguna plaza.

Un problema con solera

La conflictividad laboral de las plantillas de Policía Local y el SEIS se remonta varios años atrás y fue, sin duda, uno de los mayores quebraderos de cabeza en el anterior mandato. Los problemas laborales con estos cuerpos (bien por el cobro de la productividad u otros conceptos, bien por la falta de personal) ocasionaron una de las principales crisis del gobierno de Isabel Ambrosio y el enfrentamiento del entonces concejal de Seguridad, Emilio Aumente --que llegó a poner su cargo a disposición de la alcaldesa--, con su compañero de filas en el PSOE David Luque, que estaba al frente de los Recursos Humanos.

Ahora, el concejal de Seguridad es Miguel Ángel Torrico y el responsable de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ambos del PP. De momento, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre las diferencias interpretativas del acuerdo, a las que sí mencionó el alcalde, José María Bellido, hace unos días. «No es falta de voluntad», aseguró entonces el regidor, quien dijo que se haría lo que dijeran las administraciones a las que se había elevado la consulta.