El grupo municipal de Podemos ha exigido este miércoles un cambio en el PGOU que permita frenar las viviendas turísticas y fomentar el uso residencial. Así lo ha señalado el concejal Juan Alcántara, junto al portavoz de Andalucía entre Tod@s, Manuel Ortega, y a la presidenta de la asociación La Medina, Lourdes Martínez. Ante el Templo Romano, cuyas obras llevan paradas desde la primavera del 2019, Alcántara ha denunciado también “el abandono clamoroso del patrimonio”, poniendo como ejemplo este monumento, el Arco del Portillo y la Puerta del Puente, “que se cae a pedazos”.

A su juicio, el casco no puede ser exclusivamente para el turismo, por lo que piensa que hay que potenciar su uso comercial y residencial. El grupo municipal considera que deben tomarse medidas como la del Ayuntamiento de Cádiz, que ha impulsado una moratoria de un año en la concesión de licencias para los apartamentos turísticos.

El portavoz de Andalucía entre Tod@s ha asegurado que ha denunciado ante Patrimonio de la Junta el estado del Templo Romano y de Cercadilla. En el primer caso, y según Ortega, “Urbanismo tiene desde hace dos semanas el mandato para limpiarlo”, mientras que en Cercadilla "Patrimonio ha actuado al cabo de tres semanas”.

A su juicio, “el Ayuntamiento no tiene ninguna excusa” para aprobar un plan municipal de vivienda, después de que la Junta cuente ya con el plan Vive. Ortega piensa que el Ayuntamiento "debe gestionar solares y edificios vacíos" para “darle uso de vivienda digna”. Su recomendación es que se use el plan AIRE para intervenir en el casco histórico y el plan de empleo juvenil del Gobierno.

Por su parte, Lourdes Martínez ha denunciado cómo el casco histórico está ahora mismo muerto después del coronavirus, al no haber servicios y solo "restaurantes, hoteles y apartamentos". A esto se suma que "siete negocios no van a volver a abrir". Medina exige más viviendas para residentes y negocios de barrio enfocados a los mismos.

Hay que recordar que IU, durante el antiguo mandato, ya intentó impulsar una innovación de PGOU para frenar viviendas turísticas y potenciar el uso residencial, pero no salió adelante.